El Riachuelo no sólo es agua y mugre. Es también desidia, contaminación, corrupción y mentiras. Como cuando María Julia Alsogaray prometió limpiarlo en mil días en los años 90. Es aire viciado, y es gente amontanada que vive a la vera de 67 kilómetros de río, y lo hacen sin cloacas, sin agua potable, casi sin nada.
Hace ocho años, la Corte Suprema de Justicia dio un fallo ejemplar a raíz de una denuncia de un grupo de vecinos, que se difundió como causa "Mendoza": condenó a los gobiernos de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires a implementar un programa de saneamiento, a relocalizar viviendas e instrumentar acciones con municipios bonaerenses.
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Se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) durante la gestión de Cristina Kirchner, y se acumularon las causas de corrupción: Romina Picolotti y Juan José Mussi, los primeros titulares del organismo, fueron procesados por la justicia por el uso irregular de los fondos.
En el 2016, los problemas continúan: organizaciones políticas y ambientales cuestionaron al director de Acumar, Julio Torti, por hacer apología de la dictadura en las redes sociales. "¿Y a los terroristas genocidas que mataron inocentes? ¿Para cuándo les llegará la justicia?", escribió en su cuenta de Facebook, aunque luego borró la publicación.
Por otro lado, también alertaron que las obras para sanear el Riachuelo están paralizadas: el organismo presentó un documento informativo a la Corte Suprema de Justicia en donde señala que durante este año el avance proyectado fue solamente del 10 por ciento, por lo que sus autoridades podrían recibir una multa del 20 % diario de su salario. El próximo 30 de noviembre se realizará una reunión de seguimiento en el principal órgano de Justicia.
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En el informe que Acumar presentó a la Corte, al que accedió Infobae, se reconoce el estado de estancamiento de los trabajos: por ejemplo, el traslado del Mercado de Liniers avanzó en sólo un 2%, cuando la promesa era completarlo en el 2017. Tampoco hubo avances en la remoción de basurales ni en los convenios que se deberían haber suscripto con diferentes municipios para la concreción de ecopuntos para concientizar sobre el impacto ambiental en el conurbano bonaerense.
En cuanto a las 17771 viviendas que el organismo debería haber relocalizado, hasta diciembre de 2015 se había cumplido en un 20%, pero en el 2016 no se continuó, algo que la Justicia podría sancionar. Las autoridades del gobierno nacional prometieron que en el 2017 habrá 2000 viviendas nuevas, aunque desde los organismos ambientales aclaran que las construcciones ya estaban realizadas, y que el trabajo que se realizará es únicamente conectar los servicios.
"En materia de hábitat e infraestructura, ACUMAR apunta a la articulación con otros organismos para lograr una progresiva ampliación del universo de hogares a los que debemos llegar, hasta lograr la cobertura del 100% de los habitantes de la cuenca con acceso a redes pluviales, agua potable y cloacas, esta vez generando la llegada efectiva de los servicios a las viviendas en las villas y asentamientos", señalaron las autoridades en el informe presentado.
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En sintonía con estas deficiencias, el juez federal Sergio Torres, que tiene a cargo la causa Mendoza, intimó en las últimas horas a las autoridades del organismo a que fiscalicen los movimientos de camiones en La Saladita e informen la trazabilidad de ese problema. Caso contrario, aplicará una multa del 20% del salario de las autoridades.
Otros puntos que se presentó en el informe son los siguientes:
Soluciones Habitacionales: avance 10%
Abordaje Social de las Relocalizaciones: avance 0%
Diseño Participativo de Conjuntos Habitacionales: avance 0%
Plan de Contingencia en Villas y Asentamientos: avance 17%.
Puesta en Valor de Espacios Públicos en Villas y Asentamientos: avance 0%
En julio de este año, el propio Bergman alertó que "no se puede limpiar el Riachuelo sin limpiar Acumar", una entidad a la que calificó como "una máquina burocrática" que funcionaba "para sí misma" y a la que catalogó, además, como una "caja de la política" con alrededor de "800 empleados" en su nómina de personal.
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En aquel momento, el funcionario reconoció que los trabajos de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo están "demorados por problemas internos de la gestión".
En este 2016, Acumar cuenta con un presupuesto que supera los 1200 millones de pesos, además de 840 millones de dólares del crédito del Banco Mundial (BM).
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