La investigación por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como la China Polo, enfrenta un desafío legal tras la captura en Venezuela de Adrián Solís, señalado como presunto coordinador del ataque. La Constitución venezolana establece una prohibición de extraditar a sus ciudadanos, una disposición que podría complicar su traslado al Perú para responder ante la justicia por el homicidio.
El artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho de asilo y prohíbe la extradición de venezolanos. Así lo explicó el periodista venezolano Manuel Villavicencio en un informe difundido por Willax, en el que abordó las alternativas legales que podrían utilizar las autoridades peruanas para avanzar en el caso.
PUBLICIDAD
¿Qué dice la Constitución de Venezuela sobre la extradición?
El artículo 69 de la Constitución venezolana señala expresamente: “Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”.
Esta disposición constituye un obstáculo para que Adrián Solís sea trasladado al Perú mediante un procedimiento de extradición ordinario, si se confirma que tiene nacionalidad venezolana. Sin embargo, la situación procesal del investigado y las alternativas de cooperación entre ambos países deben ser evaluadas por las autoridades competentes.
En declaraciones recogidas por el citado medio, Villavicencio explicó que Perú podría presentar una solicitud de extradición, aunque esta no eliminaría por sí misma la prohibición constitucional venezolana.
PUBLICIDAD
¿Quién es Adrián Solís y qué se investiga sobre él?
Solís fue capturado en Venezuela y es señalado como presunto coordinador del grupo que habría participado en el asesinato de Aponte Polo. La investigación busca esclarecer su papel en la planificación del ataque y determinar quién habría encargado el crimen.
Según el reportaje, Solís mantenía una relación sentimental con Alexandra Toro Montezuma, quien habría intervenido en coordinaciones previas al homicidio y murió en un accidente de tránsito en Venezuela junto con su hija.
La información difundida por el programa plantea que los teléfonos, las conversaciones y los movimientos financieros vinculados con ambos podrían aportar elementos para reconstruir la operación. No obstante, estas versiones deben ser contrastadas con las pruebas reunidas por las autoridades peruanas y venezolanas.
PUBLICIDAD
¿Qué opciones tiene Perú para continuar la investigación?
La prohibición de extraditar a ciudadanos venezolanos no impide, por sí sola, que Perú continúe investigando el asesinato. Las autoridades pueden gestionar mecanismos de cooperación con Venezuela para compartir evidencias, solicitar diligencias y coordinar actuaciones dentro de los procedimientos permitidos por ambos ordenamientos jurídicos.
Villavicencio señaló en el informe que las autoridades venezolanas podrían desarrollar sus propias diligencias, mientras el Perú proporciona información y documentación relacionada con el caso.
También planteó la posibilidad de que Solís solicite acogerse a la colaboración eficaz si decide aportar información sobre la estructura criminal y las personas que estarían por encima de él. Sin embargo, esa alternativa depende de los requisitos legales aplicables y de la viabilidad de su utilización en las circunstancias concretas del caso.
PUBLICIDAD
Las preguntas pendientes por el asesinato de la China Polo
Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos el 19 de septiembre en Caraz, Áncash, cuando participaba en una actividad vinculada con su candidatura al Gobierno Regional. Desde entonces, las diligencias buscan determinar las responsabilidades de los investigados y establecer el móvil del crimen.
Entre las hipótesis difundidas se encuentran un posible asesinato por encargo y eventuales represalias relacionadas con las denuncias periodísticas de Aponte Polo. Sin embargo, no se ha establecido de manera concluyente quién ordenó el homicidio ni si alguna organización criminal estuvo detrás del ataque.
PUBLICIDAD