El abogado penalista Greco Quiroz denunció este martes que colocaron una bomba cerca de su vivienda, poco después de anunciar que participaría en el programa Beto a saber de Willax para hablar sobre sus investigaciones sobre minería ilegal y violencia en Pataz (La Libertad).
Quiroz mostró durante la transmisión en vivo los mensajes que, según explicó, había recibido de un vecino a través de WhatsApp para alertarlo sobre la intimidación. El aviso, especificó, le llegó mientras ingresaba al estudio de televisión.
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El jurista, quien también lideró la Comisión de Energía y Minas de La Libertad, había cuestionado previamente al exalcalde de Pataz y candidato al Gobierno Regional, Aldo Carlos Mariños, a quien vinculó con el secuestro de un empresario minero en un ataque en el que fueron asesinados sus cuatro acompañantes.
Mariños ha negado que el testigo que trasladó a uno de los presuntos autores del ataque contra el empresario Jenss Lara trabajara como personal de seguridad suyo. Sin embargo, un nuevo testimonio volvió a vincularlo con la trama, según un documento difundido días atrás por Epicentro TV.
El nuevo declarante afirmó que desde hace aproximadamente un mes y medio prestaba “su servicio” al candidato a gobernador a cambio de un pago mensual de 300 soles, una contradicción que también fue objetivo de crítica por Quiroz.
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“Yo tengo 26 años de abogado y tengo muchas fuentes (...) porque también he dirigido ese rubro, tenemos fuentes. Yo tengo fuente policial y tengo fuente fiscal. (...) Lo que digo lo tengo fundamentado”, señaló.
El abogado reconoció además que hablar públicamente sobre estos asuntos suponía un peligro. “Sé que estar aquí (...) y decir estas cosas es un riesgo, pero si no lo decimos, si nos quedamos callados y permitimos que ingrese la plata de la minería ilegal, que financia campañas millonarias”, señaló.
Añadió que, a su juicio, la presunta influencia de la minería ilegal en la política ya se refleja en las instituciones y las próximas elecciones. “Hoy tenemos diputados de la minería ilegal, tenemos senadores de la minería ilegal y vamos a tener ahora gobernadores de la minería ilegal”, sostuvo.
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“Eso no lo podemos permitir. Tenemos que decir las cosas y que el pueblo, ojalá, reaccione, porque todo el mundo se muere de miedo. Todos”, agregó al referirse a la aspiración de Mariños de llegar al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones de octubre.
Pataz es un enclave marcado por la actividad minera informal y delictiva, declarado en emergencia por el Gobierno debido a la presencia de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías, una zona donde ya se han registrado graves episodios de violencia, como la matanza de trece personas que presuntamente resguardaban una de las bocaminas, ocurrida en abril de 2025.
Lara y sus acompañantes, entre ellos dos mujeres, se desplazaban el pasado domingo por el centro de Trujillo después de salir de una discoteca cercana, cuando fueron interceptados por un grupo de atacantes a pocos metros de la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
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Según testigos, los agresores vestían uniformes similares a los utilizados por el Grupo Especial Contra la Lucha del Crimen Organizado (Grecco). Entre las cuatro personas asesinadas se encontraba la pareja sentimental del empresario.
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