El periodista Luis Alberto Villacorta Salas denunció que fue detenido el 2 de septiembre en Tarapoto por una orden judicial emitida un día antes y atribuyó el hecho a una presunta parcialidad en la actuación de la jueza Julissa Paola Bengoa Vargas y del abogado Ottman Barrera López. Sus cuestionamientos están contenidos en un comunicado difundido luego de su intervención policial.
Villacorta afirmó que permanece en la carceleta de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tarapoto, tras la ejecución de una orden de captura dispuesta en la Resolución N.° 11, emitida el 1 de septiembre dentro del expediente 02247-2025-0-2208-JR-PE-01.
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La detención se produjo un día después de una audiencia a la que no asistió su entonces abogado
Según informa El Poder, la audiencia vinculada a ese expediente se realizó el 1 de septiembre. El comunicado afirma que su entonces abogado, Gesell Méndez Ibáñez, mantenía la acreditación para recibir notificaciones y debía asistir a la diligencia.
Villacorta cuestionó que, tras la inasistencia de su defensa, se emitiera la orden de captura. Agregó que el abogado presentó una renuncia al patrocinio minutos después de que concluyera la audiencia.
El comunicador sostuvo que la secuencia debe ser revisada por las autoridades para determinar si existió alguna actuación coordinada que derivó en su detención. También señaló que, hasta el momento de emitir el pronunciamiento, no se había realizado la audiencia posterior a su captura.
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Villacorta compara su caso con el proceso por una denuncia familiar
El comunicado relaciona la detención con un segundo proceso, en el que una de sus hijas denuncia haber sufrido violencia. La investigación está identificada con el expediente 01668-2024-89-2208-JR-PE-03 y tiene como investigado al psicólogo Walther Lossio Monroy.
De acuerdo con Villacorta, la audiencia de control de acusación fue reprogramada en varias oportunidades desde que la Fiscalía presentó su acusación. La última postergación trasladó la diligencia al 11 de noviembre de 2026.
El periodista afirma que Ottman Barrera López ejerce la defensa de Lossio Monroy en ese expediente. Según su versión, los pedidos de la defensa contribuyeron a las reprogramaciones de la audiencia.
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El padre de la menor cuestionó la diferencia de plazos entre ambos casos. Mientras su orden de captura fue expedida el 1 de septiembre y ejecutada al día siguiente, afirmó que el proceso de su hija lleva más de un año sin llegar a la etapa de control de acusación.
El comunicado solicita indagaciones ante Fiscalía, ANC y Colegio de Abogados
Villacorta pidió que la Fiscalía evalúe si los hechos descritos pueden constituir ilícitos penales. Además, solicitó que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC) revise la actuación funcional de la jueza Bengoa Vargas.
El pronunciamiento también plantea que el Colegio de Abogados de San Martín examine la conducta profesional de Ottman Barrera López y de Gesell Méndez Ibáñez, quien renunció a la defensa del periodista tras la audiencia del 1 de septiembre.
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Entre los documentos que el denunciante pidió revisar figuran las resoluciones emitidas en ambos expedientes, las actas y grabaciones de las audiencias, los cargos de notificación, los escritos presentados por los abogados y el detalle de los horarios en los que cada actuación ingresó al sistema judicial.
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