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Magaly Medina no quiere volver a prisión y pide al PJ rechazar pedido de Jefferson Farfán

Según pudo conocer Infobae, Juzgado ya notificó a la conductora y al exfutbolista que tiene toda la información necesaria para decidir si revoca el servicio comunitario y lo convierte en un año y ocho meses de cárcel efectiva

Un montaje fotográfico presenta a Magaly Medina y Jefferson Farfán, junto a una imagen superpuesta de un hombre interactuando con una mujer, vinculada al destape periodístico del futbolista.

La conductora de televisión Magaly Medina pidió al Poder Judicial rechazar el pedido del exfutbolista Jefferson Farfán para que su pena de servicio comunitario y se convierta en un año y ocho meses de prisión efectiva, según una resolución a la que accedió Infobae.

Medina solicitó específicamente al Juzgado de ejecución que declare improcedente el pedido del exfutbolista. Su productor Patrick Llamo hizo lo mismo. La respuesta del Juzgado fue que ya tiene toda la información necesaria y descargos para resolver, es decir, decidir si manda a la conductora de televisión a la cárcel nuevamente por incumplir el servicio comunitario.

“Póngase en conocimiento de los sujetos de la relación procesal que la presente causa -en ejecución de sentencia- se encuentra expedita para resolver, respecto al pedido de revocatoria formulado por la parte querellante, por consiguiente: déjese los autos en despacho a fines de emitir resolución correspondiente”, se lee en la resolución que se notificó esta semana.

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La Resolución Número 47 emitida en Lima declara que la causa sobre el pedido de revocatoria interpuesto contra Magaly Medina y Patrick Llamo se encuentra lista para resolver.

Se trata del pedido que hizo Farfán al advertir, tras un seguimiento, que Medina no habría estado cumpliendo las jornadas de servicio comunitario que se le impusieron cuando fue condenada por el delito de violación a la intimidad por haber difundido imágenes del departamento del exfutbolista grabadas desde la calle.

Inicialmente, la conductora dijo en su programa que la solicitud de la figura de Alianza Lima había sido desestimada por el Juzgado de ejecución. Sin embargo, solo había sido declarada inadmisible. Farfán, según pudo comprobar Infobae, subsanó las observaciones y el pedido de revocatoria de pena fue admitido a trámite a mediados de julio.

Entonces, el Juzgado de Ejecución notificó al INPE para que informe si Magaly Medina no ha acudido a las jornadas de servicio comunitario establecidas y, de ser cierto, si presentó justificación al respecto.

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Imágenes y documentos, compartidos por Farfán, señalan el presunto incumplimiento de Magaly Medina en su trabajo comunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carpeta fiscal 364-2024

El caso contra Jefferson Farfán no es el único lío judicial en el que se encuentra involucrada Magaly Medina. El Ministerio Público atribuye al exconductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, el delito de tráfico de influencias por supuestamente haberle ofrecido a la conductora su capacidad de intervención ante la expresidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, para remover a las juezas a cargo de los procesos penales que Farfán le seguía a la presentadora.

Según la disposición de inicio de diligencias preliminares, Hurtado le habría manifestado a Medina que podía gestionar ante Vidal La Rosa la remoción de dos magistradas: Rosario Mitacc Parra y Carolina Tello Meneses, a cargo de los procesos por difamación agravada y violación a la intimidad, respectivamente. La expresidenta de la Corte emitió la resolución administrativa 000303-2023-P-CSJLI-PJ, con la que reemplazó a Mitacc Parra por una supuesta baja productividad y dio por concluida la designación de Tello Meneses.

Medina no figura como investigada en la carpeta 364-2024. La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos la citó a declarar como testigo. Su esposo, el notario Alfredo Zambrano, también fue convocado. Las fiscalías supremas pueden investigar a particulares cuando estos aparecen involucrados en los presuntos delitos atribuidos a los funcionarios públicos bajo su competencia.

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