Este viernes, la fiscal suprema Patricia Benavides fue la encargada de observar el trabajo de las Fiscalías de Prevención del Delito durante el despliegue de material electoral desde el almacén de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Fiscal suprema Patricia Benavides Vargas supervisa la labor que realizan los fiscales de prevención del delito en el almacén de la ONPE, en Lurín. La finalidad es verificar el oportuno y correcto traslado del material electoral hacia los 2.269 locales de votación en Lima Metropolitana y Callao. Así, se continúa con las acciones para garantizar unas Elecciones Sin Delitos”, informó el Ministerio Público en su cuenta en X (antes Twitter).
En el acto también estuvieron presentes el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo y el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez.
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Hubo una conferencia de prensa como parte del despliegue del material electoral en la capital, pero Patricia Benavides ni un representante del Ministerio Público participaron. Sí lo hicieron Pachas y Burneo.
Cabe precisar que esta es una de las primeras apariciones públicas de la exfiscal de la Nación luego de que Tomás Gálvez archivara la investigación en su contra por presuntamente liderar una organización criminal durante su gestión.
Blindada
El fiscal de la Nación Tomás Gálvez archivó la investigación contra Patricia Benavides por presuntamente liderar una organización criminal durante su gestión al frente del Ministerio Público entre 2022 y 2023, una decisión que cerró de forma definitiva una pesquisa nacida del caso Valkiria pese a que el Poder Judicial ya había validado una sospecha razonable y le impuso impedimento de salida del país por 18 meses.
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Gálvez dispuso “no haber mérito para formular denuncia constitucional” contra Benavides por organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y cohecho en varias modalidades. La resolución añade: “En consecuencia, archívese definitivamente los actuados”.
La investigación preliminar había sido abierta formalmente en enero de 2024 por Delia Espinoza, entonces a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Cuando asumió la Fiscalía de la Nación en noviembre de ese año, Espinoza remitió la carpeta a ese despacho para que continuara con las diligencias.
Los primeros hallazgos del caso estuvieron a cargo del extinto Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Eficcop. Esas actuaciones desencadenaron el operativo Valkiria en noviembre de 2023, cuando fue detenido el exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien después se acogió a la colaboración eficaz.
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A partir de las declaraciones de Villanueva se abrieron nuevas líneas de investigación. Entre ellas figuraba la presunta oferta de archivar investigaciones contra congresistas a cambio de votos para inhabilitar a Zoraida Ávalos, sanción que luego fue declarada inaplicable y esa decisión quedó confirmada por la Corte Suprema.
La disposición de Gálvez también archivó el extremo en el que se atribuía a Benavides un supuesto ofrecimiento a José Williams para presentar denuncias constitucionales contra los congresistas conocidos como Los Niños y así conseguir más votos a favor de la inhabilitación de Ávalos.
La carpeta fiscal 1228-2023 incluía además una presunta interferencia en la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo. También comprendía supuestas maniobras para remover a todos los integrantes de la anterior Junta Nacional de Justicia.
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Otra de las líneas de la pesquisa sostenía que Benavides habría advertido a Villanueva sobre una detención preliminar inminente por parte del Eficcop. A raíz de ello el exasesor se internó en un hospital y destruyó su celular.