El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, defendió las leyes aprobadas por el Parlamento que un sector considera ‘procrimen’ y aseguró que estas sí combatirían la inseguridad ciudadana.
En declaraciones a la prensa, Rospigliosi mencionó, primero, la ley para que los policías no sean responsables penalmente ni recibir prisión preventiva si en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de forma reglamentaria cause lesiones o muerte. Esta es señalada como una ley de gatillo fácil.
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“Es una ley para defender a la Policía Nacional de acusaciones injustificadas que muchas veces se han realizado contra ellos y que permiten a la policía luchar con eficacia, con decisión y con resolución contra los criminales”, dijo. También mencionó la ley de legítima defensa para los civiles. “Un civil que tiene un arma legal y que se enfrenta a un delincuente y lo abate, tampoco tiene responsabilidad penal. Esas son leyes anticrimen”, agregó.
Asimismo, Fernando Rospigliosi defendió la Ley que otorga inconstitucionalmente la investigación preliminar a la Policía Nacional en desmedro del Ministerio Público.
“Y una ley de la cual yo he sido autor, la ley 32130 que devuelve la investigación preliminar a la policía, como siempre ha sido en el Perú. Y el hecho de que se le hubiera quitado durante varios años la investigación preliminar a la policía es precisamente una de las razones por las cuales aumentó la delincuencia. Le hemos devuelto esa facultad a la policía, como existe en todos los países del mundo. Entonces, esas leyes que estoy mencionando son las leyes que sirven para luchar”, señaló.
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Piden derogar leyes ‘procrimen’
El Congreso de la República canceló el Pleno previsto para este jueves 4 de junio, sesión en la que el candidato presidencial de Juntos por el Perú Roberto Sánchez buscaba que se debata la derogatoria de las llamadas leyes ‘procrimen’.
El último miércoles, Sánchez envió un oficio a Forno para solicitar que se convoque a Junta de Portavoces e incorporar en la agenda del día proyectos de ley orientados a dejar sin efecto normas cuestionadas. En el documento, sostuvo: “Formulamos este pedido debido a que son varias las normas consideradas como procrimen por el Ministerio Público y otras entidades y es muy importante que el Congreso de la República debata su derogatoria, en la medida que continúan los casos de extorsiones, sicariato y otros delitos cometidos en la mayoría de los casos contra los emprendedores y transportistas”.
La decisión de cancelar la sesión plenaria se adoptó luego de la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos, según un comunicado difundido por el oficial mayor Giovanni Forno, que dejó sin efecto la convocatoria de la jornada.
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En su carta de renuncia, el saliente titular del Mincetur afirmó que la conducción de acuerdos internacionales requiere una evaluación que “vaya más allá de la oportunidad comercial o política inmediata”, y aludió a aspectos de “integridad, transparencia y mecanismos anticorrupción”, además de los intereses permanentes del Estado y la reputación del Perú ante la comunidad internacional.
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