Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), presentó este lunes 1 de junio un nuevo plan de gobierno para el periodo 2026-2031, distinto al que presentó en la primera vuelta electoral. El documento, construido sobre los planes de cuatro agrupaciones aliadas —Ahora Nación, Partido Cívico OBRAS, Primero La Gente y Alianza Electoral Venceremos— y de la denominada Plataforma por la Democracia, reemplaza las propuestas originales de JPP por un programa de consenso que modera el lenguaje, introduce metas numéricas más precisas y reorganiza las prioridades en torno a cuatro transformaciones estructurales.
El propio Sánchez lo anunció ayer durante el debate electoral y lo confirmó hoy ante la prensa: “Este es el plan con el cual gobernaré” el periodo constitucional 2026-2031. El equipo técnico que lo respalda suma 124 integrantes, entre líderes sociales, economistas y especialistas en políticas públicas, entre ellos Pedro Francke, Hernando Cevallos, Anahí Durand y Manuel Rodríguez Cuadros.
La diferencia de fondo entre ambos documentos no es solo de forma. El plan de primera vuelta era el programa ideológico de Juntos por el Perú, con raíces explícitas en la izquierda democrática y la crítica al modelo neoliberal. El nuevo es un programa de consenso entre cinco fuerzas políticas, lo que explica el tono más moderado, la mayor presencia de metas cuantificables y la desaparición de algunas propuestas que definían la identidad original del partido.
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Economía: del control estatal a metas de diversificación
El plan de primera vuelta proponía una ruptura explícita con el modelo neoliberal: renegociación de los Tratados de Libre Comercio, control estatal directo de recursos estratégicos como gas, petróleo y puertos, prohibición de concesiones que otorguen ventajas especiales a inversores extranjeros, e impuesto a las sobreganancias. El lenguaje era de confrontación con el modelo vigente.
El nuevo documento mantiene el diagnóstico —cerca del 70% del empleo es informal y más del 60% de las exportaciones son extractivas— pero reformula las soluciones en clave de resultados medibles. La propuesta central es pasar de una “economía extractiva y desigual” a una “productiva y soberana”, con cuatro palancas: industrialización nacional, fortalecimiento de la agricultura familiar y las micro y pequeñas empresas (MYPE), empleo digno y reforma tributaria progresiva.
Las metas fijadas al 2031 son concretas: que el 40% de las exportaciones incorporen valor agregado, elevar la inversión en investigación y desarrollo del 0,15% al 0,50% del PBI, instalar 10 complejos industriales descentralizados y reducir la informalidad laboral por debajo del 60%. La renegociación de TLC, que ocupaba un lugar central en el plan original, no aparece en el nuevo documento. Tampoco la propuesta de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el plan de primera vuelta planteaba como eje de la transformación productiva.
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El plan original también ponía sobre la mesa una tensión que el nuevo ignora: la Remuneración Mínima Vital de S/ 1.130 mensuales —fijada por el Decreto Supremo N° 006-2024-TR— frente a un costo de canasta básica de aproximadamente S/ 454 por persona al mes, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esa brecha estructural entre salario mínimo y costo de vida desaparece del nuevo programa.
Salud: de 8% del PBI a cobertura del 95%
El plan de primera vuelta fijaba como meta destinar el 8% del PBI a salud e incluía un diagnóstico detallado: el 95,89% de los 9.200 establecimientos de primer nivel tienen capacidad instalada inadecuada, y en ese nivel de atención hay apenas 4 médicos por cada 10.000 habitantes, frente a los 43 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). La densidad promedio nacional es de 17,9 médicos por cada 10.000 habitantes, menos de la mitad de lo requerido. El plan también invocaba un dato de contexto contundente: el Perú registró 6.476 muertes acumuladas por millón de habitantes por Covid-19, la mayor tasa del mundo, como prueba del colapso estructural del sistema sanitario.
El nuevo plan abandona el porcentaje del PBI y fija en cambio una meta de cobertura: garantizar servicios esenciales al 95% de la población para 2031, reducir de manera sostenida la mortalidad materna e infantil y fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Introduce el concepto de “sistema único de salud”, que no figuraba con esa denominación en el plan original, y propone un Sistema Nacional de Cuidados orientado a redistribuir el trabajo de cuidado, mayormente realizado por mujeres.
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Educación: misma meta de inversión, compromisos con el magisterio que desaparecen
En este eje la continuidad es mayor. Ambos planes fijan como objetivo alcanzar el 6% del PBI en inversión educativa, umbral mínimo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El plan de primera vuelta partía de un gasto de 4,24% del PBI registrado en 2023, según el Banco Mundial, y describía una brecha de infraestructura educativa estimada en S/ 158.832 millones por el Ministerio de Educación.
El nuevo plan mantiene ese horizonte de inversión pero añade metas de resultado que el original no precisaba con igual detalle: 100% de escuelas rurales con agua, saneamiento y electricidad; 90% de adolescentes que culminen la secundaria; y reducción de la violencia de género en centros educativos en al menos 50%.
Lo que desaparece del nuevo programa son los compromisos específicos con el magisterio y la universidad pública. El plan de primera vuelta prometía nombrar al 90% de los docentes —hoy una proporción significativa trabaja bajo contratación temporal—, formar a más de 250.000 docentes en programas de formación continua, aumentar la matrícula pública universitaria en un 50% y triplicar el número de docentes a tiempo completo en universidades públicas. Ninguna de esas metas figura en el nuevo documento.
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Seguridad: menos detalle normativo, mismo enfoque preventivo
El capítulo de seguridad ciudadana del plan de primera vuelta era uno de los más detallados. El contexto que lo sustentaba era preciso: en el primer semestre de 2024, el 27,7% de la población urbana fue víctima de algún hecho delictivo, un aumento de 5,1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2022, según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). La corrupción generó pérdidas al Estado de S/ 24.300 millones en 2024. Y más del 80% de la población declaró no confiar en la Policía Nacional, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del primer semestre de 2025.
Sobre esa base, el plan original incluía la derogación explícita de siete leyes aprobadas desde 2023 que, según JPP, favorecen la impunidad del crimen organizado: entre ellas la Ley N° 32108, que limita el alcance del delito de organización criminal, y la Ley N° 32326, que restringe la extinción de dominio. También fijaba una meta de reducción de homicidios del 70% y comprometía la evaluación de integridad del 100% del personal policial.
El nuevo plan reduce ese nivel de detalle. Encuadra la seguridad dentro de la primera transformación —junto con anticorrupción y reforma de la justicia— y la describe como la construcción de “políticas de seguridad con participación comunitaria, enfocadas en la prevención y las causas estructurales de la violencia”. No menciona las leyes específicas a derogar ni reproduce las metas numéricas del plan original. El enfoque preventivo se mantiene, pero el componente normativo queda diluido.
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Nueva Constitución y descentralización: dos ejes que cambian de peso
Ambos planes proponen una nueva Constitución, pero con diferencias de énfasis. El plan original dedica un capítulo entero a los vicios de la Constitución de 1993 —incluida la modificación de 110 artículos por el Congreso actual, equivalente al 57,5% del texto— y propone una Asamblea Constituyente como vía exclusiva. El nuevo plan la menciona dentro de la Transformación 1, junto con anticorrupción y reforma judicial, sin ese nivel de argumentación jurídica. En el original es el eje central del programa; en el nuevo, uno de varios componentes de la reforma democrática.
El nuevo plan introduce en cambio un énfasis territorial que el original no desarrollaba con igual precisión: Lima y Callao concentran el 45% del PBI, mientras las regiones andinas y amazónicas registran los mayores índices de pobreza. La meta de segunda vuelta es aumentar en 10 puntos porcentuales la participación del resto de regiones en el PBI nacional. Esa promesa de descentralización económica efectiva es una de las pocas novedades sustantivas del nuevo programa respecto al anterior.