En el corazón de la costa limeña, Pucusana sostiene el pulso diario del abastecimiento pesquero de la capital. Cada madrugada, cientos de embarcaciones descargan toneladas de pescado fresco que alimentan a los principales mercados de Lima, una actividad que históricamente se consideró formal y vigilada. Pero en los últimos meses, la dinámica cambió, y el balneario exhibe señales de un proceso de clandestinidad a gran escala.
Un sobrevuelo realizado por Infobae Perú sobre al menos 4 puntos estratégicos de Pucusana ha permitido identificar un nuevo patrón: talleres que operan con total hermetismo, portones cerrados y vigilancia privada. En sus interiores, se observa el entremezclado de trabajos legítimos de reparación y la construcción de nuevas embarcaciones.
La frontera entre la legalidad y la ilegalidad se desdibuja en estos espacios, incluso cerca a la base de la FAP. Una práctica reciente, según revelaron fuentes especializadas, consiste en cubrir las estructuras con toldos opacos, incluso en días sin lluvia ni garúa, con el único propósito de evitar la detección aérea o satelital.
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“Antes, los barcos estaban a la vista, pero ahora los cubren. Es una forma de protegerse de los drones del Estado y de la prensa”, indicó a Infobae Perú un trabajador del sector, bajo estricta reserva de identidad.
La situación en Pucusana replica patrones observados históricamente en astilleros ilegales de Moquegua y Sechura, donde la lejanía y la falta de vigilancia estatal favorecieron la proliferación de talleres clandestinos.
La diferencia radica en que hoy este fenómeno se instala en pleno corazón del abastecimiento pesquero limeño, en una zona densamente poblada y sometida a controles formales.
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Un sistema cerrado, una flota sobredimensionada y una mafia en expansión
La construcción artesanal de nuevas embarcaciones está prohibida en el país desde 2015, salvo la excepción de reemplazo por siniestro o antigüedad. Esta medida se basa en los estudios del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que advierte desde hace más de una década sobre el sobredimensionamiento de la flota y la sobreexplotación de especies clave como la pota, el perico, la lorna y la lisa.
La normativa vigente, incluida la modificación del Código Penal en 2024, tipifica como delito ambiental la construcción y modificación de embarcaciones sin autorización. En la práctica, sin embargo, la vigilancia resulta insuficiente. Según cálculos del sector y organizaciones ambientalistas, más de 2.000 embarcaciones artesanales operan en la costa peruana sin haber completado su registro formal.
Los astilleros ilegales explotan la ambigüedad: se mimetizan con talleres de reparación, alternan entre trabajos legales y la construcción clandestina de nuevas naves, y adoptan estrategias de ocultamiento cada vez más sofisticadas.
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El fenómeno va más allá de la simple construcción ilegal. Desde el sector se denuncia la existencia de mafias dedicadas a la clonación de matrículas y a la venta ilegal de permisos de pesca y registros de embarcación. Las redes sociales, en particular Facebook, se han convertido en el nuevo mercado negro donde se comercializan documentos y matrículas falsas.
“Es habitual encontrar anuncios de venta de permisos o matrículas a precios elevados. Luego, dos embarcaciones idénticas pueden operar en puertos distintos con la misma documentación”, dijo otra fuente vinculada al sector.
Las embarcaciones construidas fuera del marco legal no solo aumentan el esfuerzo pesquero sobre especies ya sobreexplotadas, sino que además suelen ser naves de mayor tamaño y capacidad. Muchas superan las 27 toneladas, lo que las convierte en unidades de alto impacto para la pesca de especies vulnerables.
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¿Qué dice el Ministerio de la Producción?
Consultado por Infobae Perú, el Ministerio de la Producción (Produce) sostuvo que mantiene una vigilancia permanente en los principales puntos pesqueros de Lima, con énfasis en Pucusana.
Según la entidad, se emplean ocho drones de última generación, dos de ellos con visión térmica para operativos nocturnos, y se utilizan herramientas tecnológicas para el monitoreo y la vigilancia de la actividad pesquera artesanal.
El ministerio remarcó que la información recogida a través de estos sistemas se transfiere a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) y al Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar acciones de fiscalización, control e interdicción.
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Además, asegura que la cartera ha redoblado esfuerzos por implementar el Sistema SISESAT Pesquero, que permite el seguimiento satelital en tiempo real de más de 3.400 embarcaciones artesanales en todo el país, verificando que operen en zonas autorizadas y fortaleciendo la trazabilidad desde la extracción hasta el desembarque.
Sin embargo, también es cierto que, en medio de la controversia por el crecimiento de la construcción ilegal, el Congreso reactivó el debate sobre la formalización de embarcaciones. El Ministerio de la Producción respaldó con observaciones el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, presentado por el congresista José Pazo Nunura, que busca reabrir el acceso a permisos para más de 2.000 embarcaciones artesanales que no lograron formalizarse en procesos anteriores.
La iniciativa representa un giro en la política estatal, que durante más de una década mantuvo restringido el crecimiento de la flota artesanal para proteger los recursos marinos.
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Especialistas y autoridades ambientales advierten que la reapertura podría incentivar la informalidad, premiar a quienes no cumplieron los requisitos previos y agravar la sobreexplotación de especies como la pota y el perico, ya consideradas plenamente explotadas por los estudios del Imarpe.
En respuesta a la creciente preocupación, el ministerio ha señalado que su opinión técnica sobre el proyecto se limita a proponer un mecanismo de sustitución de permisos caducados, sin aumentar la flota autorizada.
El problema con la sobreexplotación pesquera
Para Carmen Heck Franco, vicepresidenta adjunta de Oceana Perú, el avance de la informalidad pesquera y la persistencia de la construcción ilegal en Pucusana solo pueden entenderse al analizar cómo los mecanismos de control son sorteados sistemáticamente.
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Heck señala que la prohibición de construir embarcaciones nuevas, vigente desde 2015 y reforzada con el decreto de interdicción de 2018 y la reciente inclusión en el Código Penal, no logró frenar la actividad clandestina porque la supervisión real sobre los astilleros suele ser débil o nula.
Sostiene que, aunque los marcos legales existen y los protocolos multisectoriales están aprobados, nunca se ejecutaron operativos de envergadura en la capital.
“El protocolo de interdicción para desguazar embarcaciones ilegales fue aprobado, pero hasta ahora no se conoce de acciones organizadas en Lima bajo esa normativa”, explicó.
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La experta advierte que la ilegalidad no solo prolifera por la pasividad de las autoridades, sino también por la sofisticación de los armadores. Heck resalta que, en la práctica, muchas embarcaciones ilegales logran operar usando matrículas “clonadas” o permisos adquiridos de manera fraudulenta, a menudo comercializados abiertamente en redes sociales.
Enfatiza que, mientras la flota formal cumple con la trazabilidad y el monitoreo, las naves irregulares encuentran grietas en el sistema para introducirse en las cadenas de comercialización, dificultando el control estatal y dejando a las autoridades con información incompleta o confusa sobre la verdadera dimensión de la pesca ilegal.
Así, Heck subraya que la presión sobre las especies no se distribuye de manera equitativa, y que los recursos más consumidos en la mesa popular limeña, como la lorna y la lisa, ya muestran signos claros de sobreexplotación.
La especialista sostiene que la única manera de revertir la tendencia es priorizar el seguimiento satelital universal y articular una fiscalización activa, porque “hasta que no se asignen recursos y se haga efectiva la voluntad política, la clandestinidad seguirá creciendo y poniendo en jaque el futuro de la pesca artesanal y el abastecimiento de Lima”.
Un nuevo REINFO pesquero en camino
Pero la postura contra la reapertura de procesos de formalización, que el sector define como un punto crítico bajo el rótulo de “REINFO pesquero”, es compartida por la gran pesca industrial.
Desde la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), la presidenta Jessica Luna remarca que la industria impulsa programas de responsabilidad social en los que también instruye a pescadores artesanales en prácticas sostenibles y monitoreo satelital, buscando un estándar común para todos los actores del sector.
La SNP advierte que la construcción ilegal de embarcaciones genera una competencia desleal que obliga a los formales a operar en condiciones más costosas y menos seguras, afectando la sostenibilidad del recurso y el bienestar de los pescadores que sí cumplen con la normativa.
“El crecimiento desmedido de embarcaciones sin control afecta la sostenibilidad de los recursos, el medio ambiente y los ecosistemas”, señala Luna, quien además considera que reabrir el registro pesquero artesanal solo repetirá los errores del pasado y debilitará el control estatal en zonas estratégicas como Pucusana.
La organización privada reclama mayor fiscalización, el fortalecimiento del monitoreo satelital y la protección de la pesca formal que cumple con los estándares legales y ambientales.
Luna también subraya que, mientras la industria pesquera formal respeta una regulación estricta e invierte en modernas embarcaciones para operar en armonía con el medio ambiente, subsiste un sector que se resiste a la formalización y opera sin ningún control.
En esta línea, ladirigente hace un llamado de alerta sobre las presiones desde el Congreso para ampliar procesos de formalización, lo que —según la SNP— abriría la puerta a repetir una historia de caos y descontrol del registro pesquero.
La inacción institucional y la falta de recursos podrían convertir Pucusana en tierra de nadie
Pero, en el fondo, el problema es la falta de interdicciones ejemplificadoras. Para César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, el problema pasa también por una falta de seguimiento y trazabilidad a los insumos y materiales que alimentan la construcción clandestina de embarcaciones.
Ipenza remarca que la vigilancia no debe limitarse solo a los barcos, sino a todo el ecosistema de actores y proveedores.
“Para construir una embarcación demandas insumos, madera o insumos para poder armarlas. Y esto obviamente pasa también por un trabajo de investigación. ¿Quiénes son los que proveen? ¿Quiénes son los que arman? Porque no están en una zona sumamente distante o escondidos, las autoridades saben dónde es”, respondió en diálogo con Infobae Perú.
Ipenza subraya que la ausencia de operativos tipo interdicción, como los que se ven en la minería ilegal, evidencia una diferencia de prioridades dentro del Estado.
Señala que movilizar a marinos, policías y fiscales en zonas pesqueras requiere recursos que no han sido asignados y cuestiona que, a pesar de existir un marco penal que sanciona la construcción ilegal, no se hayan implementado acciones coordinadas de gran escala.
“Mi lectura inicial del Ministerio de la Producción es que no le da atención a esto. Y por otro lado, no hay las condiciones para los recursos, porque movilizar a marinos, a la policía y los fiscales en estas zonas, obviamente demanda muchos recursos. Y si la fiscalía no tiene, difícilmente va a poder implementar el protocolo de intervención de astilleros”, señaló.
Para el abogado, sin una estrategia de trazabilidad y sin recursos destinados a la acción, la construcción ilegal continuará operando a la vista y paciencia de las autoridades.