La incertidumbre política marca el proceso electoral peruano tras la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. El país entero observa con atención si la segunda vuelta presidencial, prevista para el 7 de junio de 2026, se llevará a cabo en la fecha establecida, en medio de controversias, denuncias y pedidos de anulación por parte de distintos actores y candidatos.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantiene la convocatoria para que los peruanos vuelvan a acudir a las urnas el domingo 7 de junio de 2026, cuando deberán elegir entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.
De acuerdo con lo establecido por la normativa, este mecanismo se activa cuando ninguno de los aspirantes supera el 50% de los votos válidos. El proceso incluye la elección del presidente de la República, los vicepresidentes, la renovación total del Congreso bicameral y la designación de representantes ante el Parlamento Andino. El desarrollo transparente y la difusión oportuna de los resultados dependen de la coordinación entre las entidades electorales.
Resultados y demoras
La expectativa por conocer los nombres de quienes participarán en la segunda vuelta está condicionada por la resolución de actas observadas y pedidos de nulidad presentados ante los órganos electorales.
Según declaraciones de Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), recogidas por RPP Noticias, “tenemos previsto para la quincena de mayo estar teniendo, por lo menos, los resultados presidenciales”.
La funcionaria precisó que la diferencia entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) es de aproximadamente 10.000 votos, por lo que el avance depende del tratamiento de actas impugnadas y solicitudes de nulidad.
El JNE, presidido por Roberto Burneo, advirtió que existen 85 pedidos de nulidad por supuestas irregularidades, los cuales están en proceso de revisión. “Todas están siendo evaluadas conforme al procedimiento previsto en la normatividad. Ellos son los competentes en primera instancia de resolver estos pedidos... y tengan la seguridad que se van a publicar los resultados y también pueden ser apelados”, afirmó Burneo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Denuncias de “fraude”
El escenario se complica tras la solicitud de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, quien exigió al JNE la convocatoria a elecciones complementarias antes del 3 de mayo, alegando sin pruebas un supuesto fraude electoral.
Según análisis del constitucionalista Alejandro Rospigliosi, citado por Exitosa, esta petición carece de sustento legal, ya que la figura de elecciones complementarias solo aplica a procesos municipales y regionales, no a elecciones generales. “No es viable. No tiene sustento legal y constitucional”, sostuvo el experto, quien agregó que la ley establece la realización de elecciones generales en una sola jornada nacional y que el Ejecutivo solo podría convocar a una nueva elección mediante un decreto supremo, algo calificado como “totalmente irregular”.
Rospigliosi también señaló que la gestión de Piero Corvetto al frente de la ONPE ha sido cuestionada por irregularidades que van desde observaciones no levantadas por la Contraloría hasta supuesta colusión penal en la contratación de transportes.
El hallazgo de votos en basureros y la ruptura de la cadena de custodia han generado dudas sobre la posibilidad de realizar un reconteo fiable en las mesas afectadas, según advirtió el especialista. Para sectores críticos, la credibilidad del balotaje depende de la capacidad de la autoridad electoral para procesar y resolver estos cuestionamientos.
¿Puede ser anulada la segunda vuelta?
Las denuncias de fraude han incrementado la presión pública y política, aunque la legislación vigente establece condiciones específicas para la anulación de la elección presidencial. La Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859 faculta al JNE a declarar la nulidad total solamente en dos supuestos: si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total de votos emitidos, o si los procesos anulados en determinadas circunscripciones representan al menos un tercio de la votación nacional válida.
Considerando que en la primera vuelta participaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos, al menos 12,5 millones de votos nulos o en blanco serían necesarios para anular la segunda vuelta.
La ley excluye la posibilidad de declarar la nulidad por percepciones, denuncias generales o cuestionamientos políticos, y exige que las causales sean objetivas y verificables. La decisión de anulación recae exclusivamente en el JNE, que debe evaluar si las irregularidades alcanzan el umbral legal para invalidar el proceso.
Mientras los organismos electorales procesan los reclamos y resuelven las actas observadas, la fecha oficial de la segunda vuelta se mantiene en el 7 de junio de 2026. En tanto, la ONPE y el JNE trabajan bajo la normativa vigente, con la expectativa de dar a conocer los resultados definitivos de la primera vuelta en mayo.