Cuando un país renueva su liderazgo, emerge inevitablemente una pregunta: ¿qué tipo de nación queremos ser en los próximos años? Es en ese momento, más que en cualquier otro, cuando vale la pena revisar con honestidad los compromisos que se asumen y los que se eluden.
El Perú es uno de los países megadiversos del planeta. Junto con apenas otros veinte países, concentra el 70% de toda la diversidad biológica del mundo, posee uno de los mares más productivos del Pacífico y una Amazonía que regula el clima de todo un continente. Esa riqueza, sin embargo, convive con una fragilidad igualmente notable: el país es el tercero más vulnerable al cambio climático en el mundo y sus glaciares han retrocedido un 40% en las últimas décadas. Esa tensión entre riqueza y fragilidad define, en buena medida, el mayor desafío del próximo quinquenio.
La sostenibilidad ambiental no es un tema de activistas ni de foros internacionales: es una condición del crecimiento económico. La agricultura, la pesca, el turismo y la agroexportación dependen directamente de ecosistemas saludables, agua limpia y un clima estable. Tratarla como un asunto secundario tiene costos reales, concretos y crecientes para el país.
En ese contexto, resulta revelador que un análisis reciente de los 36 planes de gobierno presentados ante el JNE, evaluados bajo los estándares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Política Nacional del Ambiente al 2030 realizado por la Clínica de Litigación Ambiental Científica, arroje un promedio de alineamiento ambiental de apenas 2.30 sobre 10. Ese resultado revela con precisión cuáles son los vacíos más críticos y dónde el próximo gobierno tiene la mayor oportunidad de marcar la diferencia.
De ese análisis emergen tres áreas que concentran las brechas más profundas. La gobernanza ambiental es la condición base: sin rectoría clara, sin participación ciudadana activa y sin mecanismos efectivos de fiscalización, los compromisos ambientales no sobreviven los cambios de gestión. A ello se suma una tendencia preocupante: los planes priorizan la remediación de daños sobre la prevención, dejando de lado herramientas clave como el perfeccionamiento de la Evaluación de Impacto Ambiental.
La mitigación del cambio climático dejó de ser una aspiración para convertirse en una obligación legal del Estado, reforzada por la Opinión Consultiva 32-2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce la emergencia climática como un asunto de derechos fundamentales. Avanzar en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no admite más postergación.
La bioeconomía completa este triángulo estratégico. El Perú posee uno de los patrimonios genéticos y de biodiversidad más ricos del mundo, un activo que los mercados globales del siglo XXI valoran cada vez más. No contar con marcos de bioseguridad ni con una hoja de ruta para el desarrollo biotecnológico no es solo una omisión técnica: es resignarse a perder soberanía sobre recursos propios y a ceder ventajas competitivas que otros países ya están aprovechando.
Abordar estas tres áreas no implica empezar desde cero. Existe consenso en torno a la lucha contra la deforestación y la contaminación, hay propuestas concretas en energías renovables y una ciudadanía cada vez más informada y exigente. El desafío es profundizar con coherencia y visión de largo plazo lo que ya se ha iniciado, y dotarlo de la arquitectura institucional que le permita sostenerse en el tiempo.
El gobierno que comienza tiene una oportunidad concreta: demostrar que desarrollo económico y sostenibilidad ambiental no son objetivos opuestos, sino parte del mismo proyecto de país. Los recursos naturales del Perú no son un legado del pasado; son la base del futuro. Administrarlos con inteligencia es, quizás, la decisión más estratégica que puede tomar quien conduce los destinos de esta nación.