La Red de Sobrevivientes Perú, encabezada por José Enrique Escardó, primer denunciante del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), rechazó este domingo la reciente disposición del Vaticano para recibir denuncias e indemnizar a víctimas de abusos ocurridos dentro de organizaciones fundadas por el pederasta Luis Fernando Figari.
La reacción surgió tras la publicación de un comunicado del sacerdote Jordi Bertomeu, comisario encargado de la liquidación del Sodalicio, en el que se fija un plazo del 4 al 22 de mayo para presentar denuncias en la sede de la Nunciatura Apostólica en Lima.
La Conferencia Episcopal Peruana difundió la convocatoria para que quienes no hayan recibido resarcimiento “adecuado” por abuso físico, sexual, espiritual o económico presenten testimonios y pruebas, con la posibilidad de acceder a una indemnización mediante bienes incautados a la organización, un proceso considerado como revictimizante.
En un comunicado publicado en su sitio web, la Red expresó que, tras 25 años de denuncias, investigaciones y testimonios ante instancias eclesiásticas y civiles, se les exige “nuevamente” relatar su historia en un plazo acotado “y en un ambiente hostil como la Nunciatura Apostólica”.
“¿Cómo pretende la Iglesia católica reparar revictimizando? (...) La justicia no puede reducirse a un procedimiento unilateral y abusivo con plazos ni a una transacción monetaria en la que se pone precio al dolor. La reparación no es un pago condicionado ni un cálculo administrativo: es un proceso integral que la Iglesia, hasta ahora, parece no entender —o no querer entender— en su verdadero significado”, indica el pronunciamiento.
“Evidentemente, lo que busca el Vaticano es que este proceso termine de una vez, generando ante la opinión pública la idea de que todo ha sido resuelto, cuando en realidad se busca silenciar a las víctimas y pasar la página. Condicionar cualquier forma de reparación a cómo, cuándo y bajo qué términos se relata el propio sufrimiento impone una carga inaceptable: ‘si lo cuentas bien, te pagamos’. Esto no solo es injusto, sino que puede constituir una nueva forma de vulneración: una segunda violación de derechos humanos para quienes ya han sido profundamente afectados”, añade.
La Red remarca que las víctimas no representan “cifras dentro de un proceso de liquidación institucional”, sino personas que ya han denunciado y llevan “años esperando una reparación auténtica: no solo económica, sino también moral, institucional y humana”.
“Si no se reconsidera el protocolo poniendo a las víctimas en el centro de la toma de decisiones sobre el procedimiento de reparación integral, terminará siendo un simple cierre administrativo que permitirá a la Iglesia católica pasar la página sin asumir plenamente su responsabilidad mientras vulnera nuevamente los derechos humanos de los sobrevivientes. La verdad y la justicia no deberían tener fecha de vencimiento”, zanja el comunicado.
La medida vaticana también incluye denuncias por “abusos o malos manejos de naturaleza económica u otros atribuidos a algunos miembros”. Entre estos casos se encuentra el de campesinos de Catacaos (Piura), quienes denuncian el despojo de 10.000 hectáreas a manos de empresas vinculadas al Sodalicio y bajo la gestión de José Antonio Eguren, arzobispo de esa región hasta 2024.
En 2015, los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron el caso en el libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, tras lo cual el papa Francisco expulsó a Figari y a más de quince miembros por abusos sexuales, algunos contra menores, y en enero de 2025 ordenó la disolución de la organización.
Hasta abril de 2025, el SVC registró 98 indemnizaciones por un total de 6,5 millones de dólares: 37 por abusos sexuales (20 a adultos y 17 a menores) y 61 relacionadas con otros tipos de abuso. León XIV, actual pontífice con nacionalidad estadounidense y peruana, ha continuado las medidas impulsadas por Francisco.