La fiscal suprema Patricia Benavides ya puede salir del país sin restricción alguna. Y es que el impedimento de salida del país que el Poder Judicial le impuso, por presuntamente liderar una organización criminal, caducó el pasado 28 de febrero.
Infobae accedió a la resolución del Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que levanta la medida del impedimento de salida del país y oficia a Migraciones para que tome conocimiento de que contra la exfiscal de la Nación ya no existe restricción para que la fiscal suprema abandone el país.
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El Código Procesal Penal permite prolongar el impedimento de salida del país, pero solo si el Ministerio Público lo pide, que no ocurrió en este caso.
“No habiendo requerimiento de prolongación de impedimento de salida del país, la medida impuesta venció el 28 de febrero de 2026; es el caso que a la fecha dicho plazo ha vencido”, se lee en la resolución.
Año y medio en Perú
Como se recuerda, el 29 de agosto de 2024, el juez supremo Saúl Peña Farfán dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación en la investigación por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible.
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Benavides Vargas apeló esta decisión; sin embargo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó su recurso y ratificó la medida en setiembre de ese mismo año.
Luego de ello, la exfiscal de la Nación interpuso un habeas corpus buscando anular el impedimento de salida del país, pero en doble instancia judicial se declaró improcedente su demanda, según pudo conocer Infobae.
Los cargos
En esta investigación se le imputan 6 hechos a Patricia Benavides. Estos cargos son:
- Organización criminal: Se le imputa liderar y formar parte de una red criminal enquistada en la cúpula del Ministerio Público que habría concertado acciones ilícitas para lograr objetivos particulares y asegurar su permanencia en el cargo.
- Acciones ilícitas relacionadas con el hoy presidente interino José María Balcázar: Se investigan presuntas tratativas para archivar una investigación fiscal que el congresista tenía en Lambayeque y el nombramiento de su nuera en la fiscalía, a cambio de su voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a favor de Benavides.
- La elección del Defensor del Pueblo: Se le atribuye haber coordinado con parlamentarios la elección de un Defensor del Pueblo con quien se pudiera “coordinar”, debido a que este alto funcionario preside la comisión encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El elegido al final fue Josué Gutiérrez
- Inhabilitación de Zoraida Ávalos: Se le acusa de negociar con diversos congresistas el archivamiento de sus denuncias fiscales a cambio de que votaran a favor de inhabilitar a la exfiscal de la nación.
- Remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia: Presuntas coordinaciones con legisladores para promover mociones de remoción de los miembros de la JNJ.
- Remoción de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez: Se le imputa haber realizado gestiones para suspender y retirar de sus cargos a estos fiscales del equipo especial Lava Jato, presuntamente para favorecer a terceros vinculados a investigaciones de lavado de activos.
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