La flamante presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, viene siendo investigada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo. Así lo reconoció en su declaración jurada que presentó al presidente interino José María Balcázar antes de jurar al cargo.
Sin embargo, Miralles no declaró dicha investigación en su declaración jurada que presentó en octubre de 2025 antes de jurar como ministra de Economía y Finanzas del gobierno del censurado exmandatario interino José Jerí. Esto a pesar de que, por lo menos, las diligencias preliminares iniciaron en 2024, dato que se infiere a partir del número de la carpeta fiscal (2206035200-2024-398-0).
Se trata de una investigación por delito ambiental en su contra, en su condición de directora de Portafolio de Proyectos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
Justamente, debido a que se le investiga por presuntos delitos cometido cuando era funcionaria, Miralles Miralles solicitó en julio de 2025 a Proinversión el beneficio de defensa legal, es decir, que la entidad pague los honorarios de su abogado.
Fue en agosto de 2025, dos meses antes de que Denisse Miralles jurara como titular del MEF, que Proinversión accedió a otorgar el referido beneficio. Esto se materializó en la resolución 159-2025.
En dicho documento se consigna que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Chanchamayo formalizó la investigación contra la hoy premier. En otras palabras, para el Ministerio Público hay indicios reveladores de que habría cometido delito.
Del mismo modo, con la formalización de la investigación preparatoria, la Fiscalía pierde la potestad de archivar por su cuenta el caso. Esto deberá ser sometido al control de un juez de investigación preparatoria.
Más ministros investigados
Otros miembros del gabinete de Miralles presentaron situaciones similares. De acuerdo con sus declaraciones juradas revisadas por Infobae, cinco ministros también son indagados por el Ministerio Público. Entre ellos, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, enfrenta un proceso por genocidio, posiblemente vinculado a muertes en protestas durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.
Óscar Fausto Fernández Cáceres, titular de Trabajo, declaró estar bajo investigación por omisión de funciones y colusión, mientras que el ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, afronta cargos relacionados con contaminación ambiental, usurpación agravada, defraudación y negociación incompatible.
El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, es investigado por presunta falsificación de documento público a raíz de una declaración jurada que respaldaba el saneamiento de un terreno policial en Santa Anita. Por su parte, el nuevo ministro de Economía, Gerardo López Gonzales, admitió desconocer los detalles exactos de las pesquisas en su contra, afirmando: “He marcado la opción ‘no’; sin embargo, tengo conocimiento que existen investigaciones fiscales en calidad de imputado. Al no tener dicha información en detalle al momento de la firma del presente, la consignaré a través del anexo 3”.
Algunos funcionarios informaron la existencia de expedientes que ya fueron archivados. La ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, fue investigada por violación de domicilio, pero según explicó, la denuncia fue desestimada por la Fiscalía.
El ministro de la Producción, César Manuel Quispe Luján, declaró que los procedimientos por negociación incompatible, estafa, lavado de activos, apropiación y omisión de funciones han sido cerrados. La titular del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, también notificó el archivo de causas por omisión de funciones, nombramiento ilegal y tráfico ilícito de especies protegidas de flora y fauna. Además, Óscar Fausto Fernández Cáceres indicó haber sido absuelto en procesos por omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, aceptación de nombramiento ilegal y usurpación. El ministro de Vivienda informó que fue exonerado de una investigación por lavado de activos.
El titular de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, señaló que actualizará su declaración fiscal más adelante. Por su lado, el ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, informó que concluyó un proceso ante el Tribunal Militar y aportará detalles cuando corresponda.