Hasta el momento, la inestabilidad política ha tenido un impacto acotado en la economía. Los sólidos fundamentos macroeconómicos y la efectividad del Banco Central de Reserva (BCR) sostienen la estabilidad monetaria, y los elevados términos de intercambio respaldan una bonanza externa y un sol fuerte. Esa capacidad de “seguir de pie” se ha convertido en un relato repetido: el Perú es un país “resiliente”. Pero la pregunta que deberíamos hacernos hoy, a puertas de un nuevo ciclo electoral y con la memoria fresca de la altísima rotación presidencial de los últimos años, es ¿hasta cuándo?
En vista de los más recientes destapes periodísticos que involucran al propio presidente José Jerí, el debate público nuevamente gira en torno a posibles escenarios de censura y sucesión en el Ejecutivo. Incluso si el mandatario lograra completar su encargo hasta el 28 de julio sin ser removido —y con elecciones generales ya cerca—, el problema de fondo no se resuelve. Porque el riesgo mayor no es solo una crisis de políticos de turno, sino de prácticas que se han normalizado peligrosamente: la opacidad del poder.
Este debate ocurre, además, en un momento en el que la economía muestra señales que invitan al optimismo. Según el BCR, las expectativas empresariales se encuentran en terreno positivo, y la inversión privada viene mostrando un comportamiento dinámico. Es decir, el país no está discutiendo transparencia y sucesión presidencial en medio de una crisis económica, sino en un momento en el que hay indicios de mayor confianza y tracción en el motor privado. Y justamente por eso, la irresponsabilidad política puede resultar más costosa: no solo amenaza la estabilidad, sino que pone en riesgo el repunte económico.
La falta de transparencia del presidente de la República no es un detalle moral ni un defecto anecdótico que se compensa con eficiencia administrativa. Es, en el contexto nacional, un factor corrosivo que acelera la inestabilidad. Cuando un presidente evita explicar decisiones, minimiza cuestionamientos, se rodea de silencios o ambigüedades, y reacciona tarde o mal ante el escrutinio público, no solo alimenta sospechas: debilita la base misma sobre la cual se sostiene la autoridad democrática. En el Perú, donde el respaldo político suele ser frágil desde el primer día, gobernar sin transparencia equivale a gobernar sin oxígeno.
Los presidentes de transición —o aquellos que llegan por sucesión constitucional— suelen argumentar que su mandato es breve, que lo urgente es administrar y dejar el terreno listo para el siguiente gobierno. Un presidente transitorio no tiene margen para construir legitimidad con grandes reformas; solo puede sostenerla con coherencia, rendición de cuentas y una conducta impecable. Si la gestión se vuelve opaca, el país entra en modo “alarma” y el Ejecutivo se vuelve rehén de la crisis permanente.
Y aquí aparece la conexión directa con la economía. Porque la economía no solo se frena por malas políticas macroeconómicas, sino cuando la incertidumbre se vuelve cotidiana. A veces se dice que el Perú ha resistido crisis políticas porque tiene un “piloto automático” macroeconómico: un BCR creíble, un sistema financiero estable, reservas internacionales, y sectores exportadores que siguen generando divisas. Esa estabilidad relativa ha sido un amortiguador importante. Sin embargo, el riesgo es que creamos que la resiliencia es infinita, cuando claramente no lo es. Cuando las crisis políticas se vuelven tan frecuentes, la “cuerda separada” entre la economía y la política se desgasta. La desconfianza trae como consecuencia un crecimiento mediocre, informalidad persistente y servicios públicos estancados. Una economía que “no se cae”, pero tampoco despega.
La desconfianza nace de instituciones debilitadas. Cuando la Presidencia no actúa con transparencia, se refuerza la idea de que el poder es un espacio de negociación oscura, y no de representación pública. Cuando el Congreso usa sus herramientas como armas políticas y no como control responsable, se alimenta el caos. Cuando la ciudadanía percibe que todo se decide “entre pocos”, se rompe el vínculo mínimo de legitimidad. Y cuando ese vínculo se rompe, el país queda condenado a transiciones interminables, cada vez más cortas, cada vez más frágiles.
En este contexto, el llamado urgente es a elevar el estándar de transparencia en el propio presidente de la República: agenda clara, decisiones explicadas, nombramientos sustentados, rendición de cuentas regular, tolerancia real al escrutinio y cero ambigüedades frente a intereses privados o redes de influencia. El Perú necesita que la máxima autoridad sea un ejemplo institucional, no un síntoma más del deterioro. Si queremos estabilidad económica sostenible, debemos dejar de tratar la transparencia como un discurso decorativo. Es fundamental no solo porque previene la corrupción, sino porque sostiene un factor clave que un gobierno necesita para ser mínimamente efectivo: legitimidad y confianza.