El Gobierno de José Jerí negó que la reorganización de Petroperú conduzca a su privatización. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que la reorganización patrimonial de la empresa estatal no representa un paso hacia su liquidación.
En diálogo con RPP, enfatizó que la petrolera no resulta atractiva para el capital privado en la actualidad y descartó la posibilidad de una liquidación, postura que había sido planteada por algunos sectores técnicos. Mencionó que la prioridad del Poder Ejecutivo es mantener a Petroperú como empresa pública, pero con una gestión más eficiente.
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El titular del Consejo de Ministros explicó que la decisión del Ejecutivo busca corregir el déficit financiero y los problemas de gestión que, según sus palabras, han afectado a la compañía durante los últimos años. Indicó que la intervención se realizó a través del Decreto de Urgencia Nº 010-2025, mecanismo que permite la reorganización patrimonial de la empresa petrolera.
“Estamos partiendo de la premisa que Petroperú debe mantenerse. No estamos liquidando ni conduciendo a una privatización de la empresa. Petroperú debe mantenerse como una empresa pública, pero manejada, gestionada de una manera eficiente”, dijo.
De acuerdo con el funcionario, la gestión integral de Petroperú fue delegada a Proinversión, entidad que evaluará la situación de todas las unidades productivas de la compañía. La evaluación, según explicó, se realizará bajo criterios técnicos imparciales para determinar el futuro de cada área productiva.
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Las unidades productivas
El jefe del Gabinete detalló que la solución propuesta consiste en entregar Petroperú a Proinversión para un análisis técnico que permita definir medidas específicas para cada unidad.
“La solución equilibrada e intermedia es entregar Petroperú para una evaluación de carácter eminentemente técnica e imparcial a cargo del mejor equipo de técnicos que tiene el Perú para que ellos sean los que recomienden qué medidas tomar, teniendo en cuenta que Petroperú en realidad es una empresa enorme, donde existen varias unidades de producción con distinto destino, con distinto objetivo y con distinto resultado”, afirmó Álvarez.
El ministro no descartó que algunas áreas requieran inversión privada a través de mecanismos de gestión público-privada. En otros casos, podría determinarse la liquidación de ciertas unidades, mientras que otras se mantendrían bajo el ámbito estatal, con mejoras en la supervisión y administración.
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Protección de derechos laborales
En su intervención, Álvarez aseguró que la reorganización de Petroperú también busca salvaguardar los derechos de los trabajadores y garantizar la continuidad de los servicios públicos que ofrece la petrolera.
“La intención del Ejecutivo con la reorganización de Petroperú es mantener los servicios públicos que ofrece y garantizar que los derechos de los trabajadores no se vean afectados en ningún caso”, afirmó.
El presidente del Consejo de Ministros advirtió que la situación financiera de la compañía estatal afecta a muchas pequeñas y medianas empresas proveedoras. Señaló que la compañía atraviesa una insolvencia crónica, situación que obliga al Gobierno a realizar aportes periódicos para evitar la quiebra de sus proveedores.
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“Al mismo tiempo garantizar también que no se rompa la cadena de pagos porque muchas medianas y pequeñas empresas peruanas están al borde de la quiebra, porque Petroperú, sencillamente, no tiene dinero alguno para pagarles, es insolvente y necesita, como ya es público y notorio, que el Gobierno cada año le tenga que dar dinero para salvar algunos meses de esa insolvencia. Entonces, es imposible continuar con el estado de cosas actual”, declaró.
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