El Gobierno declaró el estado de emergencia en Piura en medio de una escalada de criminalidad, extorsiones y delitos vinculados a economías ilegales que vienen golpeando con fuerza a varias provincias del norte del país. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 146-2025-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano, busca reforzar la presencia del Estado con acciones excepcionales de control territorial, inteligencia y fiscalización, articulando a la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y diversas entidades del sistema de justicia.
La declaratoria alcanza a las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara; no obstante, el decreto pone el foco en siete distritos que concentran los niveles más altos de criminalidad: Piura, Castilla, Catacaos, Veintiséis de Octubre, Sullana, Bellavista y Talara.
Durante este periodo, se activan disposiciones especiales que alcanzan desde los establecimientos penitenciarios hasta el control de telecomunicaciones ilícitas, pasando por operativos en vía pública, mercados informales y espacios identificados como focos de actividad delictiva.
Medidas de control penitenciario, inteligencia y telecomunicaciones ilícitas
Uno de los ejes centrales del estado de emergencia en Piura es el endurecimiento de las medidas dentro y alrededor de los penales de Piura y Sullana, considerados puntos críticos en la articulación de delitos como la extorsión y el sicariato. El decreto dispone la restricción del régimen de visitas, estableciendo una sola visita semanal para internos del régimen ordinario y una visita quincenal para quienes se encuentran en régimen cerrado especial. Estas visitas se limitan únicamente a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Además, se ordena el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo solo iluminación básica, con el objetivo de restringir el uso de aparatos electrónicos que faciliten comunicaciones no autorizadas. En paralelo, se intensifican los operativos de incautación de celulares, tarjetas SIM, armas blancas y otros objetos prohibidos, con participación del Ministerio Público y apoyo de las fuerzas integradas.
El decreto también contempla el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas en el perímetro penitenciario y zonas aledañas, así como la vigilancia permanente de estos espacios. Para fortalecer la inteligencia, se conforma un Comité de Inteligencia Penitenciaria, integrado por la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), encargado de prevenir fugas, alteraciones del orden interno y actividades delictivas coordinadas desde prisión.
Como parte de estas acciones, el INPE queda facultado para disponer el traslado inmediato de internos que representen un riesgo para la seguridad penitenciaria o que sean sorprendidos en flagrancia delictiva, así como la rotación de personal penitenciario por necesidad institucional. A ello se suma el monitoreo aéreo con drones y el uso de imágenes satelitales, con apoyo de la Agencia Espacial del Perú (CONIDA), para reforzar el control en zonas consideradas de alto riesgo.
Fuerzas integradas, control territorial y respuesta rápida de la justicia
En el ámbito externo, el control del orden interno queda a cargo de la Policía Nacional del Perú, con apoyo operativo de las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal en las jurisdicciones comprendidas en la medida. Estas fuerzas integradas ejecutan un esquema de control territorial basado en mapas del delito, información de inteligencia y registros estadísticos, priorizando zonas con alta incidencia criminal.
Las acciones incluyen patrullaje permanente a pie y motorizado, instalación de puestos de comando temporales, resguardo de instituciones públicas y operativos de control de identidad en vía pública, transporte público y privado, e incluso en inmuebles, con posibilidad de descerraje cuando sea necesario. También se autoriza la intervención e internamiento de vehículos con placas adulteradas o documentación irregular, así como el decomiso permanente de armas, municiones, explosivos y pirotécnicos ilegales.
El decreto incorpora, además, una ofensiva contra los mercados ilegales vinculados a la criminalidad, como la venta informal de chips telefónicos, el mercado ilegal de armas, la comercialización de drogas, la trata de personas, el tráfico de autopartes y el transporte informal de pasajeros. En este punto, se dispone que el OSIPTEL, a solicitud de la PNP, ordene la suspensión inmediata de líneas telefónicas asociadas a extorsión, secuestro o vendidas de manera irregular.
En materia migratoria, Migraciones participa en la verificación, retención y expulsión de extranjeros en situación irregular, aplicando procedimientos administrativos sancionadores cuando corresponda, especialmente en casos de documentos falsos o adulterados.
Todas estas acciones son coordinadas por el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que funciona las 24 horas del día y debe informar periódicamente al Ministerio del Interior sobre los resultados obtenidos, elevando un informe final a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial. El financiamiento de la medida se realiza con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas y, de ser necesario, mediante asignaciones extraordinarias autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.