El Gobierno enfrenta una creciente tensión social ante la falta de una definición clara sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En medio de protestas de mineros artesanales y presiones de diversos sectores, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, reconoció este miércoles que el tema permanece “en evaluación”, sin ofrecer una posición definitiva respecto a una posible ampliación del plazo de inscripción, pese a admitir que el mecanismo “es un incentivo para los mineros ilegales”.
Desde el Congreso, el titular de la PCM fue consultado directamente sobre si el actual gobierno respaldará la extensión del REINFO, que desde el último mandato presidencial se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre. Cerca del hemiciclo nacional, manifestantes reclaman la extensión del mecanismo por un período de hasta cinco años, argumentando que muchos pequeños mineros no han conseguido concluir con los procedimientos de formalización exigidos por el Estado.
“El gran problema es que si se renueva el REINFO es un incentivo para los mineros ilegales. Pero la minería artesanal necesita mayor tiempo para poder intentar formalizarse”, declaró ante la insistencia de la prensa por una postura concreta. Sus palabras enfatizan el dilema que atraviesa el Ejecutivo respecto a la balanza entre la lucha contra la extracción ilegal de oro y la protección de los derechos de los pequeños productores.
La regulación de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido, durante años, uno de los retos más complejos para las autoridades peruanas. El REINFO fue diseñado como una vía para que mineros en situación irregular ingresen a un proceso de formalización, cumpliendo requisitos legales y medioambientales. Sin embargo, diversos sectores han denunciado el uso del registro por parte de redes vinculadas a la minería ilegal, que aprovechan los vacíos normativos para continuar operando fuera de la ley.
En sus declaraciones, Ernesto Álvarez señaló que el “problema nacional” responde a la coexistencia de una minería artesanal de larga tradición y a una minería ilegal ampliamente extendida, caracterizada por el aprovechamiento indebido de yacimientos y la existencia de estructuras mafiosas y de corrupción. “Corregirla entraña no solamente atentar contra sus redes de corrupción: también implica impedir que entre gasolina, explosivos, y hacer un seguimiento del dinero que ingresa”, sostuvo.
Remarcó, además, el alto nivel de burocracia que enfrentan los mineros para arribar a la formalización plena. “La única minería que puede formalizarse y cumplir los más de 180 pasos burocráticos es la gran minería, la que tiene mucho dinero para dar el salto y superar esta valla”, indicó.
Mientras tanto, en los corredores legislativos existe división respecto a la propuesta. Desde el Congreso de la República, algunos parlamentarios insisten en que el tema debe resolverse desde el Ejecutivo, mientras que otros recuerdan que el PL de la ley de la minería artesanal y de pequeña escala (MAAPE) se encuentra en estudio. “Está en estudio, está en evaluación. Porque es un problema sumamente complejo y nosotros apenas tenemos...”, expresó el jefe del gabinete, esquivando, una vez más, comprometer una respuesta concluyente.
Las organizaciones gremiales de mineros demandan una ampliación por cinco años para garantizar la continuidad de su actividad y concluir los trámites pendientes. Las agrupaciones ambientalistas y especialistas en políticas públicas, por su parte, advierten de los riesgos de perpetuar los incentivos a la minería ilegal y a la filtración de agentes ilícitos al amparo del REINFO.