El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, se pronunció sobre la demanda que presentó Delia Espinoza ante el Poder Judicial para que Fuerza Popular sea declarado ilegal y se cancele su inscripción como partido político.
En entrevista con Exitosa, Gálvez precisó que el requerimiento "ya está en el Poder Judicial" y será este poder del Estado el que resolverá la demanda.
Luego, el fiscal de la Nación interino aseguró que “el Ministerio Público tiene que continuar con la acción, porque esa es la función del trabajo”. “El criterio de la fiscalía es unitario. Si algo se empieza, se continúa”, agregó.
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No obstante, precisó que el caso contra Fuerza Popular “se tendrá que ver con objetividad” ya que a su criterio no existía una “una razón para interponer esa demanda”. “Pero si es que está —todavía no lo he revisado, te digo que recién tengo un día— si es que hay fundamentos al respecto, pues tiene que continuar", sostuvo.
Piden declarar ilegal a Fuerza Popular
Antes de ser suspendida por la JNJ, Delia Espinoza presentó ante el Poder Judicial una demanda que busca la cancelación de la inscripción del partido liderado por Keiko Fujimori en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), invocando el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.
La legislación vigente otorga a la Corte Suprema la facultad de declarar ilegal a una organización política si determina que sus actividades resultan contrarias a los principios democráticos y se verifica alguna de las condiciones establecidas, como la legitimación de atentados contra las personas o el apoyo a organizaciones terroristas. Según la norma, la solicitud puede ser presentada tanto por el fiscal de la Nación como por el defensor del Pueblo.
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En el caso de Fuerza Popular, Delia Espinoza sostiene que el partido habría incurrido en “actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales”. La demanda será evaluada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que deberá resolver si corresponde declarar la ilegalidad del partido.
El procedimiento judicial se inicia con la notificación de la demanda y sus anexos a Fuerza Popular, lo que permitirá a la agrupación ejercer su derecho a la defensa. Posteriormente, se convocará a una audiencia y, tras su realización, el caso quedará a la espera de la votación de los magistrados. Para que prospere la declaratoria de ilegalidad, se requiere el voto favorable de al menos cuatro de los cinco integrantes de la sala. En caso de que el fallo sea desfavorable, tanto la Fiscalía como el partido de Keiko Fujimori podrán apelar ante la Sala Suprema Civil Permanente.
Este proceso representa la segunda ocasión en la que el Ministerio Público solicita la declaración de ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática. El antecedente inmediato corresponde a la organización A.N.T.A.U.R.O., liderada por Antauro Humala. En enero de este año, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema confirmó la ilegalidad de A.N.T.A.U.R.O., lo que derivó en la cancelación de su inscripción en el ROP del JNE y el cierre de todas sus sedes.
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