El abogado del capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’, José Mejía, solicitó al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) iniciar una investigación penal y una investigación disciplinaria contra el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela por autorizar un viaje al ministro Juan José Santiváñez a pesar de que tiene un impedimento de salida.
En entrevista con Exitosa, Mejía hizo un llamado público al presidente de la JNJ, el sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio, y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que inicien acciones contra el magistrado.
“Cuando la Sala Penal Permanente le dicta impedimento de salida del país, esa resolución tiene calidad de cosa juzgada. Y dice la Ley Orgánica del Poder Judicial que ninguna autoridad o persona puede modificar, interpretar, restringir una resolución judicial que tiene calidad de cosa juzgada”, indicó el letrado.
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El abogado del capitán ‘Culebra’ aseveró que lo realizado por el juez Edhin Campos —“suspender” por 5 días el impedimento de salida del país de Santiváñez— “es nauseabundo, putrefacto, no se puede hacer, literalmente está prohibido”.
“Es como si un preso preventivo pida permiso para viajar al exterior. Está en una prisión, pero por 6 días quiere viajar a un país y luego regresar para volver a su prisión. Eso es algo absurdo, ilógico. A ese nivel hemos llegado”, sostuvo José Mejía.
¿Quién es Edhin Campos Barranzuela?
La reciente autorización para que Juan José Santiváñez abandone el país, pese a un impedimento judicial vigente, ha reavivado el debate sobre la figura de Edhin Campos Barranzuela, el magistrado que firmó la resolución. La decisión, tomada el 5 de septiembre de 2025, permitió al ministro de Justicia viajar a Ginebra para participar en un evento de Naciones Unidas, bajo un permiso excepcional y temporal.
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Con más de veinte años en el Poder Judicial, Campos ha ocupado cargos de relevancia, incluyendo la presidencia de salas penales en la Corte Superior de Justicia de Áncash. Su perfil profesional se ha consolidado como especialista en crimen organizado, respaldado por la publicación de libros y su presencia en espacios académicos dedicados al estudio del delito. En julio de 2025, la presidencia del Poder Judicial lo designó como juez supremo provisional.
No obstante, la trayectoria de Campos está marcada por episodios que han suscitado críticas y dudas sobre su independencia. Según la periodista Karla Ramírez, su incursión en la política se remonta al año 2000, cuando se postuló al Congreso por Somos Perú, entonces un movimiento nacional. Aunque no obtuvo una curul, este antecedente partidario ha cobrado nueva relevancia tras su reciente fallo, alimentando cuestionamientos sobre su imparcialidad en procesos que involucran a figuras de poder.
El historial de Campos también incluye denuncias y procesos disciplinarios. En 2014, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) lo investigó por presuntamente haber recibido dinero de familiares de un alcalde en Áncash. A lo largo de los años, su nombre ha aparecido en expedientes relacionados con presuntos peritajes falsos y enriquecimiento ilícito. En 2025, una investigación preparatoria sobre su conducta fue prorrogada, manteniéndolo bajo observación judicial.
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Entre las resoluciones más discutidas de Campos figura la absolución del exgobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, procesado por el caso IOARR del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz durante la pandemia. En 2023, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Áncash, presidida por Campos, ratificó por unanimidad la absolución, lo que permitió la liberación de Morillo y otros exfuncionarios tras casi tres años de prisión preventiva por acusaciones de colusión agravada.