El reciente atentado con explosivos en la urbanización Las Quintanas de Trujillo volvió a dejar en evidencia la vulnerabilidad de la ciudad frente al crimen organizado. Aunque el ataque no dejó víctimas mortales, los daños materiales fueron cuantiosos: decenas de viviendas resultaron afectadas y varias familias quedaron prácticamente en la calle. El estallido sembró pánico y obligó a la presidenta Dina Boluarte a pronunciarse con nuevas medidas.
La mandataria anunció que se reforzará la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la región La Libertad, donde en menos de un mes se han registrado dos atentados con dinamita. El discurso, sin embargo, se asemeja a anuncios previos que no han logrado frenar la violencia.
Boluarte aseguró que no permitirá que el crimen doblegue al país y que las autoridades redoblarán las acciones de control e inteligencia. Pero el ciudadano común observa cómo a diario se multiplican asesinatos, atentados y extorsiones que ya no distinguen a empresarios o comerciantes, sino que alcanzan a cualquiera que cruce el camino de estas mafias. La distancia entre los mensajes oficiales y la realidad de las calles es cada vez más evidente.
“Acá nadie se doblega frente al crimen”, afirmó la presidenta. El problema es que en los barrios de Trujillo, la gente ya siente que hace rato el Estado cedió terreno. Para transportistas, bodegueros y vecinos, cada atentado confirma que los anuncios oficiales se quedan cortos y que la inseguridad se ha convertido en una rutina diaria.
Boluarte destaca resultados, mientras la violencia cobra más de 1.500 vidas
En su pronunciamiento, Boluarte detalló que dos de los presuntos autores fueron capturados minutos después de la explosión, mientras intentaban huir de la escena. El tercero cayó en un operativo la mañana siguiente. Según las primeras indagaciones, pertenecerían a la banda “Los Cachacos”, un brazo de “Los Pulpos”, organización con amplio dominio en el norte del país.
La mandataria resaltó la labor de la Policía Nacional y afirmó que la ofensiva contra estas organizaciones está dando resultados. “Uno de los móviles de estos ataques es el daño que estamos infringiendo a la minería ilegal en Pataz”, señaló, sugiriendo que los explosivos serían una respuesta de las mafias que han visto afectados sus intereses.
Pero incluso reconociendo las capturas, la violencia no cede. En lo que va del año, 1.525 homicidios han sido registrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, lo que perfila al 2025 como uno de los años más sangrientos de la última década. Mientras tanto, extorsionadores y sicarios siguen operando con facilidad, y cada tanto una detonación recuerda que la delincuencia conserva la iniciativa.
El caso de Trujillo no es aislado. Hace apenas unos días, un diplomático de la Embajada de Indonesia fue asesinado en Lima en circunstancias aún confusas. A ello se suman múltiples atentados en mercados, locales comerciales y viviendas en distintas regiones. El patrón es claro: el crimen organizado actúa con impunidad y la respuesta estatal no logra contenerlo.
Por eso, aunque el Gobierno destaque las capturas, los resultados aún son insuficientes. Las cifras y los hechos contradicen el optimismo oficial. Mientras el Ejecutivo exhibe operativos, las mafias multiplican atentados que exponen a miles de ciudadanos inocentes.
Boluarte exige a jueces y fiscales no liberar criminales
Más allá de los anuncios, Boluarte hizo un llamado directo al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los delincuentes capturados no recuperen su libertad. “Es urgente que estos delincuentes no sean liberados. No pueden regresar a las calles a seguir causando terror en nuestra población”, subrayó en un mensaje que también refleja la desconfianza hacia el propio sistema de justicia.
Sin embargo, la liberación de estos delincuentes muchas veces se facilita por un marco legal debilitado y constantemente modificado en el Congreso. Varias de esas reformas, hechas a conveniencia política o con poco debate técnico, han dejado vacíos que terminan siendo aprovechados por las defensas para que criminales con prontuario recuperen su libertad en cuestión de días.