En medio de un repunte del crimen organizado en el Perú, el gobierno de Dina Boluarte anunció la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, mientras al menos cinco proyectos de infraestructura penitenciaria permanecen paralizados y presentan incrementos millonarios en sus costos.
La Comisión Especial de Control Concurrente del Congreso, presidida por el congresista José Luna Gálvez, identificó que los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca enfrentan serias irregularidades. Todos estos recintos penitenciarios presentan sobrecostos y abandono, con impacto directo en la lucha contra el sicariato y la extorsión, delitos vinculados al cierre de comercios y una pérdida económica cercana a 20 mil millones de soles desde inicios de año.
Uno de los casos más representativos es el del penal de Ica, donde la inversión inicial de S/ 269,7 millones alcanzó los S/ 877 millones. Los trabajos han estado paralizados desde 2020 y, durante una inspección parlamentaria, se evidenciaron materiales deteriorados y estructuras corroídas. Una situación parecida se observó en Chincha, donde la ampliación presupuestada en S/ 53 millones superó los S/ 93 millones, sin avances efectivos.
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En Pucallpa, las labores se detuvieron en 2022 habiendo partido de una cifra superior a los S/ 102 millones, pero cuyo valor actualizado asciende a 369 millones de soles. En Arequipa, a pesar del incremento de S/ 303 millones, las obras están paralizadas desde 2021. El de Cajamarca apenas reporta un avance físico del 27,1%, pese a contar con viabilidad desde hace nueve años.
La Comisión ha remitido informes sobre posibles delitos e irregularidades al Ministerio Público, la Contraloría y la Comisión de Fiscalización para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales en estos procesos de construcción.
El Frontón: anuncios, dudas y cuestionamientos técnicos
El reciente anuncio de Dina Boluarte acerca de la edificación del nuevo penal en la isla El Frontón surgió tras una visita oficial a la zona junto a ministros de Estado. El proyecto, aún sin viabilidad técnica aprobada, prevé acoger a dos mil reclusos de alta peligrosidad. La iniciativa pretende restringir totalmente el acceso y “dar un golpe certero a esas organizaciones criminales que operan desde los penales”, de acuerdo con declaraciones de la mandataria.
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El convenio firmado para su desarrollo prevé una inversión cercana a quinientos millones de soles. El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, afirmó que la obra contará con financiamiento privado bajo la modalidad de obras por impuestos, con el compromiso de empresas que aportarían unos 174 millones de dólares.
El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aclaró que el proyecto se encuentra aún en fase de análisis de viabilidad y que el Gobierno adoptó una decisión política sin contar hasta la fecha con estudios resueltos sobre la ejecución. Una opinión técnica previa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en 2023 desaconsejó la construcción por falta de servicios básicos, dificultades de accesibilidad y problemas logísticos.
Críticas al enfoque de nuevas cárceles
Especialistas en política penitenciaria y exautoridades advierten sobre la falta de eficiencia de este tipo de propuestas. La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consideró que se trata de “un distractor” para el debate sobre la inseguridad y cuestionó la sostenibilidad operativa de El Frontón. “El costo operativo va a terminar siendo tres, cuatro, cinco o seis veces mayor por preso en comparación con penales como Castro Castro o Lurigancho”, expresó a 24 Horas Noticias.
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En la misma línea, César Cárdenas, ex jefe del INPE, sostuvo a 24 Horas que aislar a líderes criminales en una isla no garantiza la erradicación de actos delictivos desde el interior de los penales y llamó la atención sobre la facilidad para corromper agentes penitenciarios en entornos aislados. Actualmente, el gasto estimado por cada interno es de treinta soles diarios y la alimentación oscila entre seis o siete soles, pero el traslado insular podría duplicar ese costo.
El hacinamiento carcelario en el país supera el 146% de la capacidad instalada, según informes oficiales. Autoridades del Ejecutivo han prometido retomar las ampliaciones de otros recintos, pero experiencias pasadas, como la ampliación frustrada de Challapalca en Tacna, muestran resistencia social y falta de avances efectivos.
En el caso de El Frontón, autoridades locales del distrito de La Punta manifestaron su desacuerdo al no haber sido consultadas. Organizaciones civiles y expertos insisten en discutir no solo la ampliación de cárceles, sino las políticas de resocialización y el verdadero impacto sobre los índices de criminalidad.
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