A estas alturas, ya debería quedar claro que las economías ilícitas disputarán el poder político en las elecciones de 2026. El IPE estima que las exportaciones de oro ilegal superarán los US$ 12 mil millones en 2025. Considerando el costo promedio de la campaña presidencial de 2016 y la congresal de 2020, y ajustando ambas por inflación, esa cifra alcanzaría para financiar diez veces la campaña presidencial, la de los 130 diputados y la de 60 senadores de los 37 partidos actualmente en carrera. El riesgo es evidente: en territorios donde el Estado llega poco o nada, ese poder económico amenaza con institucionalizarse próximamente.
El acceso a servicios básicos ilustra con claridad la ausencia del Estado. En los distritos amazónicos mineros (1), solo el 43% de las viviendas accede al combo de agua, electricidad y saneamiento. En los distritos donde hay minería ilegal de oro en Madre de Dios, la cifra se reduce a 33%, llegando a 11% en algunos distritos. El Índice de Densidad del Estado del PNUD confirma esta tendencia: entre 2017 y 2024, los distritos con mayor presencia de minería aurífera informal registraron caídas o avances muy limitados en agua, educación, salud y seguridad. Los retrocesos más marcados ocurrieron justamente en La Libertad y Madre de Dios, donde la minería ilegal se expandió con mayor fuerza.
A ello se le suma que, la expansión de la minería ilegal nunca viene sola: trae violencia y destrucción ambiental. Entre 2019 y 2024, la tasa de homicidios se duplicó en La Libertad, Madre de Dios y Arequipa, que concentran buena parte de los yacimientos de oro y, predeciblemente, de los registros suspendidos del REINFO. En Laberinto, Madre de Dios, el mercurio en el aire supera hasta cinco veces lo permitido por la OMS, según investigaciones de CINCIA. En algunos puntos, miles de veces más que en áreas sin minería. El costo en salud, biodiversidad y recursos hídricos es devastador.
La minería ilegal no crece únicamente por los precios récord del oro, sino también por la incapacidad del Estado de garantizar servicios básicos que permitan condiciones mínimas para vivir y de controlar la ilegalidad. Mientras el acceso a agua potable, electricidad y saneamiento siga siendo un privilegio y no un derecho muchos tendrán que migrar hacía la ilegalidad, pese a sus enormes costos sociales y ambientales La intuición sugeriría que, en territorios violentos y contaminados, la población emigraría. Pero ocurre lo contrario: Madre de Dios registró una migración neta positiva entre 2019 y 2024. Miles llegan atraídos por ingresos inmediatos producto de la fiebre del oro. El problema, sin embargo, no se limita a lo social o lo ambiental: si el Estado continúa retrocediendo, la minería ilegal no solo se expandirá, sino que se institucionalizará. Y cuando la ilegalidad se torne estructural, revertirla será casi imposible.
La urgencia, entonces, es clara: recuperar la presencia estatal en los territorios olvidados es solo el primer paso. Cada año, la minería ilegal gana más recursos, más poder y más espacio en la política. No hablamos únicamente de un problema ambiental o social, sino de una amenaza directa a la gobernabilidad y viabilidad del país. Si el Estado sigue ausente, la ilegalidad dejará de ser un desafío para convertirse en norma. Y cuando eso ocurra, no estaremos discutiendo cómo erradicarla, sino cómo sobrevivir en un país gobernado por ella.
(1) Distritos amazónicos mineros se define como el conjunto de 49 distritos amazónicos con presencia de actividad minera.