El caso de Segundo Acho Mego, presidente de EsSalud, generó distintas reacciones dentro y fuera del Congreso al conocerse el pago de una deuda bancaria personal por 171 mil soles tan solo días antes de asumir la presidencia del Seguro Social. Los cuestionamientos giran alrededor de los fondos utilizados para saldar la obligación financiera que tenía un retraso de casi tres años, sin un aparente incremento de ingresos. Sin embargo, según especialistas consultados por Infobae, ello no sería suficiente para justificar la apertura de una investigación ante la Fiscalía, aunque insisten en la importancia de que transparente el origen del dinero utilizado.
En esa línea, Jhuliana Atahuamán, abogada penalista y docente en la Universidad Científica del Sur, consideró que si bien no existen fundamentos jurídicos para considerar que el funcionario haya incurrido en un delito al saldar su obligación bancaria, dado que el pago de una deuda es un acto lícito y no se ha presentado evidencia que respalde hipótesis de irregularidad, la falta de documentación clara sobre el origen de sumas considerables puede activar controles administrativos, pero que estos mecanismos persiguen un interés de verificación y no presuponen ilicitud automáticamente.
“No hay elementos que acrediten un delito, pero sí es importante que el titular del Seguro Social explique cómo realizó el pagó, de dónde sacó el dinero, en aras de la transparencia, pues el cuestionamiento en su contra radica en el origen de los casi 200 mil soles para pagar su deuda”, afirmó.
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Desde la perspectiva de la gestión pública, la abogada Gina Casanova señaló que el suceso corresponde exclusivamente al ámbito personal, ya que el pago se realizó antes del inicio de la gestión de Acho al frente de la institución, y no involucra recursos del Estado ni desvía fondos de EsSalud. “No veo que se haya cometido un delito dentro de la gestión pública, sino que es un tema particular de una deuda que ha sido pagada y lo cierto es que es difícil demostrar que el origen del dinero sea ilícito”, declaró.
Añadió que el rastreo de los fondos, si fuera necesario, corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que cuenta con herramientas para verificar movimientos bancarizados, pero que no corresponde que el Ministerio Público realice una investigación preliminar. “La única forma de saber el ingreso del dinero, si es que fue bancarizado, es a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que rastrea esos casos”, acotó.
Al respecto, el exministro de Salud y expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, también separó el caso del ámbito de la Contraloría y del Ministerio Público, limitando la participación estatal a la actuación de la UIF debido al monto involucrado y los controles que debe mantener el sistema financiero.
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“Por el monto, todo esto tiene que haber sido reportado a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y es la Unidad de Inteligencia Financiera la que tiene que hacer la investigación. (...) La Unidad vigila movimientos (financieros) extraños, siempre y cuando la institución (el banco) lo haya reportado. La segunda parte de la investigación es: ¿ese banco ha reportado ese movimiento de esa cantidad? Si no lo ha reportado, tiene que explicar (por qué) el gerente general del banco”, indicó en diálogo con Canal N.