El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra bajo el argumento de que no cuenta con arraigo laboral ni familiar relevante. Esta decisión, que responde a un pedido de la fiscalía en el marco de una investigación por presunto cobro de 2.3 millones de soles en coimas cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014), se apoya en la valoración de un riesgo elevado de fuga y en la necesidad de asegurar su presencia durante el fallo.
Durante la lectura de la resolución, el magistrado recalcó que, aunque Vizcarra se desplazaba por diversas regiones y retornaba a Lima, este patrón de conducta debía analizarse en el contexto de “graves acusaciones de corrupción” y no constituía prueba de un arraigo suficiente. Sobre el arraigo familiar, señaló que su hijo menor y su esposa residen en Moquegua, mientras que el propio investigado vive en la capital, lo que a criterio del juzgado cuestiona la solidez de cualquier vínculo familiar que pudiera motivarlo a permanecer en el país.
También precisó que en los documentos presentados para sustentar asesorías laborales de Vizcarra con el partido Perú Primero, “se observa que son actividades genéricas” y que los informes carecen de nombres, detalles específicos o información adicional que acredite un vínculo de trabajo consistente. Además, que la empresa familiar de Vizcarra está gerenciada por su esposa y sus hijas figuran como socias fundadoras, “por lo que el contrato de trabajo es cuestionable”.
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Respecto a la gravedad de los hechos investigados, Chávez Tamariz consideró “imprescindible” garantizar la presencia física del acusado ante la inminente conclusión del proceso judicial.
Así reaccionó Martín Vizcarra
Durante la lectura de la resolución, Martín Vizcarra mostró signos evidentes de tensión; permaneció con las manos entrelazadas y la mirada fija en el magistrado, sin realizar expresiones ostensibles y limitándose a asentir ante lo expuesto por el juez. Al concluir la audiencia, su defensa anunció que presentarán un recurso de apelación a la medida impuesta.
Inmediatamente después, dos efectivos policiales se acercaron al exmandatario. Uno de ellos le dirigió unas palabras al oído y el exfuncionario respondió con un gesto de espera, continuando su conversación final con el abogado. Finalmente, se puso de pie y acompañó a los agentes policiales, sin brindar declaraciones a la prensa congregada en el lugar.
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El plazo dado corresponde al tiempo en el que su juicio debería haber culminado con una sentencia. Aunque todavía no se ha confirmado, se espera que sea en el Penal Barbadillo, ubicado en Ate. Este centro penitenciario ha sido utilizado en los últimos años para la reclusión de expresidentes debido a su régimen especial de seguridad y a la infraestructura diseñada para albergar a exmandatarios bajo custodia judicial.