El reciente proceso sancionador iniciado por el Consejo Nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú contra Jessica Huamán, decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana, ha desencadenado una amplia ola de reacciones. Más allá del ámbito gremial, voces de organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y otros consejos regionales han expresado preocupación por lo que consideran podría ser un proceso contrario a los principios del debido proceso.
La medida —que implica vacarla de su cargo como decana regional e inhabilitarla durante un año para ejercer la profesión— fue notificada recientemente. Según el pronunciamiento de la propia Huamán, la sanción se sustentaría en una denuncia basada en hechos distorsionados, presentada por personas a quienes ya ha solicitado rectificación a través de una carta notarial sin obtener respuesta. “Esto a todas luces es injusto”, señaló en una declaración pública. “No solo se está vulnerando el procedimiento establecido por las normativas del Colegio, sino que también se atenta contra mi honor, mi trayectoria y mi derecho a seguir sirviendo desde un cargo que ejercí con compromiso”.
Jessica Huamán fue elegida en 2022 como decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana y cuenta con más de 14 años de trayectoria profesional. Desde ese cargo, ha mantenido una línea de trabajo vinculada a la defensa de la seguridad alimentaria, el derecho a una alimentación saludable y la lucha contra el hambre y la malnutrición en sectores vulnerables. En su mensaje, denunció además que este tipo de medidas podrían tener un efecto contra quienes se atreven a alzar la voz dentro del gremio. “No me van a callar. Yo voy a seguir trabajando por los más vulnerables y denunciando las injusticias que afectan al derecho a la alimentación en el Perú”, afirmó.
Diversas organizaciones han respaldado su posición. La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, espacio que reúne a miles de mujeres lideresas comunitarias, expresó su apoyo a la decana. La red también recordó que Jessica Huamán ha acompañado activamente a las ollas comunes, no solo en el diseño de estrategias nutricionales, sino también en la visibilización de las brechas estructurales que enfrentan estos espacios autogestionados.
Por su parte, la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) emitió un pronunciamiento en el que calificó la medida como “arbitraria, poco transparente y sin fundamentos claros”, alertando sobre el debilitamiento de la institucionalidad del gremio profesional si este tipo de decisiones se normalizan.
El respaldo también vino desde otros órganos del Colegio. Los Consejos Regionales de Tacna, La Libertad y Lima Metropolitana alertaron conjuntamente que las recientes modificaciones impulsadas por el Consejo Nacional —incluyendo los nuevos lineamientos del proceso ético— no han sido aprobadas conforme al estatuto institucional. En su pronunciamiento, expresaron su preocupación por posibles vulneraciones a la autonomía regional y a los derechos de representación de sus colegiados.
Ante esta situación, la Junta Directiva del Consejo Regional de Lima Metropolitana ha declarado que no acatará la resolución mientras no se cumplan las garantías del debido proceso. Además, anunció que interpondrá las acciones correspondientes y designó a la nutricionista Judith Soto como decana encargada mientras se resuelve el caso.
El proceso aún está en curso, pero ya ha despertado un debate de fondo sobre los límites de las sanciones disciplinarias dentro de los colegios profesionales, la autonomía de sus regiones, y la posible arbitrariedad de los órganos de control interno. ¿Se trata de una aplicación legítima del reglamento o de una represalia gremial contra una voz incómoda? Esa pregunta —por ahora— sigue sin una respuesta definitiva, pero el respaldo público recibido por Jessica Huamán evidencia que, en este caso, la ética profesional y la participación democrática también están en juego.