De cuando en cuando, políticos y académicos fanáticos del intervencionismo estatal suelen sugerir un cambio en el modelo económico del Perú. Consideran que, para generar un verdadero desarrollo y bienestar en la población, el Estado debería participar en sectores estratégicos: controlar o regular fuertemente, incluyendo la opción de nacionalizar recursos, lo que, a su entender, aseguraría una distribución más equitativa. Nada más alejado de la realidad. Esa película ya la vivimos. Los peruanos sufrimos las consecuencias nefastas de esa ideología.
No obstante, a propósito de los bajos niveles de crecimiento y productividad en América Latina, organismos internacionales como el Banco Mundial vienen manifestando que la región debería repensar su modelo de crecimiento económico, puesto que estaría desperdiciando su potencial. Estiman que, para 2025, la región apenas crecería un 2.3%, resultado similar al del período 2000-2010.
El economista jefe del banco, William Maloney, sugiere aprovechar nuevas industrias asociadas a la biodiversidad, las energías renovables, el hidrógeno verde y otros recursos. ¡Claro! Como el propio Maloney sostiene, son áreas que están en el radar del Banco Mundial para impulsar proyectos. Entonces, no sería amor al chancho, sino a los chicharrones.
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Si bien las economías de la región tienen características similares, no todas presentan las mismas potencialidades ni, mucho menos, las mismas deficiencias. En el caso del Perú, el modelo de crecimiento económico funciona. Ha generado cuantiosos recursos a partir de políticas de promoción de la inversión privada: veintiún años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia, y una reducción sostenida de la pobreza. Sin embargo, lo que está fallando es el sistema de distribución de los recursos, llamado “descentralización”, así como el arrastre (y, en algunos casos, aumento) de serios problemas estructurales.
En primer lugar, cientos de millones de soles se transfieren todos los años a las municipalidades a nivel nacional. Los responsables de traducir tales recursos en servicios públicos de calidad no cuentan con las capacidades para hacerlo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 73.4% de las municipalidades requiere capacitación en procedimientos administrativos, mientras que el 65% requiere capacitación en formulación y evaluación de proyectos de inversión.
Por otro lado, convivimos en una economía con una informalidad de más del 70% desde hace años. La debilidad institucional y la desconfianza de la población ya son un sello distintivo de nuestro país: alta rotación de autoridades, burocracia excesiva y corrupción; baja calidad educativa, infraestructura de salud obsoleta y fragmentación del sector; delincuencia y crimen organizado, donde la extorsión, el sicariato y la minería ilegal van en aumento. Es decir, un rosario de falencias que limitan el desarrollo de la población y que hacen que los beneficios de la inversión privada pierdan legitimidad.
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Por eso, tengamos mucho cuidado con los discursos que apuntan a la generación de nuevas oportunidades y mejoras en la productividad a partir de supuestas potencialidades. Estos podrían desviar la atención de las urgencias que tenemos como país. Antes de sugerir negocios “verdes”, llevemos a cabo reformas estructurales profundas y juiciosas. De lo contrario, se abren los espacios para el “nuevo modelo”.