Durante la exposición ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, reveló cifras preocupantes sobre el crecimiento de la minería ilegal en el país. Según detalló, entre 2022 y 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos por un total de US$ 2.804 millones. De este monto, al menos US$ 2.248 millones, es decir, cerca del 80%, estarían directamente relacionados con actividades mineras ilícitas.
La UIF emitió 161 informes en los que rastrea flujos de dinero vinculados a redes que operan al margen del sistema formal, eludiendo impuestos, regulaciones ambientales y controles laborales.
No se trata de un fenómeno reciente. Un reporte anterior de la misma entidad ya alertaba que entre 2012 y 2022 se habían registrado más de 3.900 operaciones sospechosas por un total de US$ 18.478 millones, confirmando que la minería ilegal constituye una economía paralela que opera desde hace más de una década con altos niveles de impunidad.
Los números aumentan si se incluye el cobre
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que el monto reportado por la UIF podría estar por debajo de la cifra real, ya que solo se estaría considerando parte del universo de operaciones ilícitas. Según explicó, si se considera el procesamiento de otros minerales como el cobre se ampliaría significativamente la escala del daño económico.
“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los US$ 2.248 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, precisó Ortiz.
El representante del IIMP agregó que esta dificultad para cuantificar de forma precisa el impacto económico se debe a que la mayoría de transacciones asociadas a la minería ilegal ocurren fuera del sistema financiero formal, lo que complica su seguimiento y fiscalización.
Una reforma para frenar el avance de la minería ilegal
Frente a este panorama, Ortiz subrayó la necesidad urgente de una reforma legal integral que permita distinguir con claridad a los pequeños mineros que cumplen con los requisitos legales de aquellos que operan en la informalidad total. Esto implicaría exigir la acreditación de derechos mineros formales.
“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, concluyó.
En diversas zonas del país, como Pataz en La Libertad, la minería ilegal se han convertido en focos de violencia. En esa región, organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal han perpetrado más de 600 ataques contra instalaciones mineras desde 2020, incluyendo asesinatos, destrucción de infraestructura y robos de material aurífero.
La minería ilegal del cobre podría ser la próxima amenaza
En esa misma línea, Luis Miguel Castilla, actual director de Videnza Instituto, advirtió que las redes criminales vinculadas a la minería ilegal podrían empezar a enfocar sus operaciones hacia el cobre. Este mineral, cada vez más demandado por su papel clave en la transición energética global, se perfila como un recurso altamente rentable.
“La minería ilegal podría expandirse hacia regiones cupríferas ante la falta de presencia estatal. El cobre se está convirtiendo en un mineral más rentable, y eso lo vuelve un nuevo objetivo para estas redes criminales”, señaló Castilla. El economista también alertó que la falta de mecanismos eficaces de control por parte del Estado está permitiendo que estas actividades ilícitas continúen migrando y afianzándose en nuevos territorios, generando impactos económicos, ambientales y sociales.
Por su parte, el exministro de economía, Rómulo Mucho, reconoció en el 2024 que la producción de cobre en el Perú podría multiplicarse hasta por cinco en los próximos años, lo que refuerza su importancia en la minería formal. Frente a este contexto, anunció que su cartera trabaja en una nueva estrategia para combatir la minería ilegal, aunque aún no se han detallado los lineamientos concretos de esa política.