Las investigaciones por el crimen de Andrea Vidal y la presunta red de prostitución parecen haberse estancado en el Congreso de la República. A poco de cumplirse dos meses del ataque que acabó con la vida de la abogada y tras el destape de nuevas irregularidades que evidencian poca transparencia en las contrataciones dentro del Parlamento, los funcionarios implicados evitan dar explicaciones.
A esto se suma que algunos congresistas de la Comisión de Fiscalización consideran que el grupo de trabajo está usurpando funciones del Ministerio Público, lo que ha generado divisiones internas. Mientras un sector acusa al presidente de la comisión, Juan Burgos, de montar un “show mediático”, él se defiende denunciando presuntos actos de blindaje.
Los principales detractores señalan que la Comisión de Fiscalización no es el fuero adecuado para llevar a cabo estas investigaciones, debido a la politización del caso. Sin embargo, pese a eso, Burgos ha propuesto que el grupo de trabajo recupere facultades de comisión investigadora.
Esta moción llega en respuesta ante la inasistencia de varios citados, quienes son considerados testigos clave en el caso. Por ejemplo, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, envió un oficio informando que no participaría en la comisión y solo declararía en la Fiscalía.
Otro caso es el de dos testigos clave: Alexandra Gil e Isabel Cajo, quienes debían acudir a la sesión que se realizó el pasado 24 de enero.
Ambas eran amigas de Andrea Vidal y han sido señaladas como presuntas integrantes de la red de prostitución. Sin embargo, pese a su cercanía con la víctima, ninguna acudió a la citación. En el caso de Alexandra Gil, sus redes sociales revelaron que pasó el último fin de semana en la playa.
Sobre Isabel Cajo, quien hasta diciembre trabajó en el despacho de Edwin Martínez, no se tiene información sobre su paradero. Tras la polémica por el presunto robo de su celular —desmentido por la Municipalidad de Magdalena—, la joven no ha vuelto a dar declaraciones.
Otras medidas
Por otro lado, la Mesa Directiva del Congreso no ha tomado medidas concretas para esclarecer las graves denuncias relacionadas no solo con una presunta red de prostitución, sino también con la falta de transparencia en la contratación de funcionarios.
La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, informó que se decidió mantener en el cargo al oficial mayor Giovanni Forno, quien recomendó a Jorge Torres Saravia para ocupar la Jefatura de la Oficina Legal y Constitucional.
Torres Saravia ha sido señalado como el presunto cabecilla de esta red de explotación sexual, aunque la acusación sigue en investigación. Se supo que fue contratado pese a que ya existía una denuncia por abuso sexual en su contra. En sus descargos, el abogado aseguró que el caso fue archivado; sin embargo, Vicky Navarro, quien lo denunció, declaró ante la Comisión de Fiscalización y reveló irregularidades en dicho procedimiento.
En cuanto a las medidas anunciadas tras destaparse el escándalo, tampoco se han materializado avances significativos. Como se recuerda, la comisión ad hoc formada para investigar este caso se disolvió pocos días después de su creación, y no se conformó otro grupo de trabajo para reemplazarla.
Respecto al retorno del Estatuto Parlamentario, tampoco se han registrado progresos. A inicios de enero, el congresista Eduardo Salhuana anunció que propondría a la Mesa Directiva el regreso de esta herramienta, la cual garantiza la idoneidad de los trabajadores que ingresan al Parlamento, ya sea por confianza o contratación. Según el presidente del Congreso, existe un dictamen favorable en la Comisión de Constitución que aboga por la reactivación del estatuto; no obstante, se desconoce si este tema ha sido discutido o agendado para ser votado en el Pleno.