Luego del atentado con explosivos ocurrido el lunes contra la sede de la Fiscalía en Trujillo, los ciudadanos han alzado su voz exigiendo medidas más contundentes contra la creciente criminalidad que se vive en esta parte del país.
La explosión ante el Ministerio Público fue vista no solo como un acto de violencia, sino como una señal de la falta de control sobre la seguridad. Residentes como Eric señalaron a la agencia EFE que las medidas actuales, como el estado de emergencia, no están funcionando.
La inseguridad sigue aumentando, con bandas criminales operando sin restricciones. “La delincuencia y la inseguridad ciudadana se están desbordando en todo el país”, afirmó este joven.
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A pesar de la presencia de fuerzas militares y policiales en la ciudad, los ciudadanos no perciben avances en la lucha contra el crimen. Muchos piden que se adopten medidas más proactivas y que no solo se enfoque la atención en la respuesta inmediata.
Paul, otro vecino de Trujillo, expresó su creciente preocupación por la violencia. “Cada día la ciudad está más peligrosa y las personas tienen temor de los explosivos”, dijo. En su opinión, no basta con incrementar el patrullaje en las calles. Es necesario aplicar normas más estrictas contra los delincuentes, especialmente aquellos que reclutan a jóvenes para sus actividades criminales.
Los ciudadanos de Trujillo claman por un cambio radical en la política de seguridad. Insisten en que no solo hace falta más presencia militar, sino una coordinación eficaz entre las autoridades, para frenar de manera efectiva la criminalidad.
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Fiscal de la Nación señala la minería ilegal como responsable del atentado
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, señaló este lunes que el atentado contra la sede de la Fiscalía en Trujillo tiene su origen en actividades relacionadas con la minería ilegal y otros delitos que eran investigados por una fiscal que había recibido amenazas en la región.
En una entrevista con Canal N, Espinoza afirmó que la fiscalía cuenta con “bastante información” y que en los próximos días se tomará una decisión sobre cómo calificar el delito, en colaboración con el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional, para identificar a los responsables de este “hecho deleznable”.
La fiscal de la Nación destacó que los delitos investigados están vinculados con “un manejo ilegal de la minería ilegal y una serie de otros ilícitos”, que eran objeto de indagación por parte de los fiscales que han sido amenazados en Trujillo, la tercera ciudad más grande del país.
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En este contexto, el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria, también comunicó a Canal N que el presunto autor del atentado con explosivos y las amenazas a una fiscal es Jimmy Bazán, quien sería el líder de la banda de crimen organizado ‘Los Compadres’ y actualmente está preso en el penal de Cajamarca por extorsión y secuestro.
Espinoza expresó su preocupación por el hecho de que las estrategias contra el crimen organizado, promovidas por el Ejecutivo, no están dando los resultados esperados. Señaló que solo en Lima “casi todos los días hay extorsiones que son denunciadas, también con muertes”.
La fiscal agregó que la clave para combatir el crimen radica en el trabajo de inteligencia y sostuvo que, si la respuesta del gobierno se limita únicamente a aumentar la presencia de fuerzas armadas y policías, esto no será suficiente.
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La región de La Libertad, donde se encuentra Trujillo, ha estado bajo emergencia durante varios meses debido al aumento de la delincuencia común y el crimen organizado, que en esa zona está estrechamente relacionado con la minería ilegal de oro y actividades como el sicariato y la extorsión.