De acuerdo al congresista Wilson Soto, uno de los impulsores de la norma que permite la prohibición de llamadas spam, tras la aprobación de esta en el pleno del Congreso de la República, parte del proceso es que la Relatoría parlamentaria se encargue del trámite para que pase a manos de la presidencia de la Mesa Directiva, donde se dará la firma y se procederá con el envío del texto al Poder Ejecutivo.
“Quienes deben encargarse del trámite de la norma es la Relatoría del Congreso, para luego pasarla al presidente de la Mesa Directiva, quien la firma y la envía a Presidencia de la República que tiene 15 días de plazo para publicarla en el diario oficial El Peruano”, indicó el legislador en RPP Noticias.
La nueva norma plantea una multa de 450 UIT (Unidades Impositivas Tributarias), equivalente a poco más de 2 millones de soles, para las empresas que incurran en llamar o enviar mensajes a los usuarios sin su previo consentimiento.
¿Qué falta para su entrada en vigencia?
De acuerdo al abogado José Antonio Chauca, del estudio Flexius Legal & Compliance, le entrada en vigencia del a norma podría tardar, como máximo, “seis meses”, pero no descartó que esta se haga efectiva antes: en uno o dos meses.
“El proceso es el siguiente: esa aprobación pasará a la junta de portavoces, luego habrá que esperar que se agende en pleno, y después se procederá a una votación en segunda instancia. Eso es lo que falta”, explicó a El Comercio.
Agregó: “Tiene que haber mayor educación y conciencia pública sobre nuestros derechos. Por la falta de conocimiento, a veces lo único que hacemos es bloquear estos números, pero debemos educarnos y ser conscientes de la importancia de denunciar este tipo de casos para erradicarlos, ya que es un acoso”.
Más de 20 mil desempleados
En medio de la aprobación de la norma, de acuerdo a la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo), aparece una complicación que no debe pasar desapercibida: la entrada en vigencia de la prohibición de llamadas spam dejaría sin trabajo a más de 20 mil personas que prestan sus servicios en contact centers.
“Impacta críticamente en el desarrollo de la actividad formal de publicidad comercial a través de call centers, emailing masivo, SMS, o actividades de telemercadeo y, en ese sentido, puede dejar sin empleo formal a más de 20 mil personas: jóvenes, quienes optan por esta opción como su primera experiencia laboral, madres cabeza de familia y personas vulnerables”, advirtió el gremio.
Para el abogado Chauca, siempre tendremos dos caras de la moneda: quienes consideran que el cambio les afecta y quienes creen que les beneficia. “No se está analizando bien la situación, no es que los jóvenes vayan a dejar de tener trabajo. Se tiene que capacitar al personal para que tenga otro tipo de trato con los consumidores”, acotó.
Llamado a Indecopi
En el escenario de entrada en vigencia de la norma, el parlamentario Soto dijo esperar que Indecopi cumpla con atender eventuales denuncias de parte de usuarios respecto de llamadas y mensajes spam por parte de empresas, cuya prohibición fue aprobada por el pleno.
En el texto de la nueva ley también se precisa que Indecopi se encargará de aplicar las sanciones que serán tipificadas como “muy graves” y las que podrían llegar a las 450 UIT.