La Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato pidió alrededor de USD 200 millones como reparación civil a favor del Estado, en el contexto del proceso legal en el que están involucrados los expresidentes de la República Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros exfuncionarios. La investigación los involucra en la licitación y continuidad del Proyecto Trasvase Olmos, presuntamente a favor de Odebrecht.
El primer paso para lograrlo, fue que la entidad requiera constituirse como actor civil en el proceso penal contra Simon Murano, y otros, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo, negociación incompatible, colusión agravado y lavado de activos, en agravio del Estado.
Luego, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo de la juez Soledad Barrueto, admitió el pedido al declarar fundada la constitución de la Procuraduría Ad Hoc.
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De acuerdo con el documento judicial al que pudo acceder El Comercio, los USD 181 843 150 deberán ser pagados por los acusados si es que son hallados responsables.
Caso Lava Jato: ¿cuál es la acusación?
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que habría existido una organización criminal en el Gobierno Regional de Lambayeque y en el Central para favorecer, por medio de actos de corrupción, al conglomerado brasileño Odebrecht.
De esta manera, la constructora habría logrado concesiones y obras públicas, específicamente, en el caso de la concesión Trasvase Olmos.
Así como relata El Comercio, la concesión fue suscrita el 22 de julio del 2004. El “concedente” era representado por Yehude Simon Munaro, mientras que Trasvase Olmos S. A. tenía como portavoces a Jorge Henrique Simoes Barata y Juan Andrés Marsano Soto. También intervino René Helbert Cornejo Díaz por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).
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Por otro lado, también se encuentran implicado Huberto Acuña Peralta, expresidente regional de Lambayeque. El medio reporta que Willy Serrato Puse, exalcalde de Olmos, declaró que el funcionario de Odebrecht, Raimundo Trindade Serra habría entregado una dádiva a Acuña.
El objetivo habría sido que la autoridad de ese entonces cambie la posición que inicialmente tomó y tenga una postura más conciliadora con los intereses económicos de la concesionaria. Por ello, la investigación que se viene siguiendo tiene relación con el presunto delito de cohecho pasivo propio.
Supremo Tribunal de Brasil anuló pruebas de Odebrecht
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil anuló las pruebas recolectadas de los servidores Drousys y My Web Day B, utilizados por Odebrecht para registrar sobornos, en el caso que involucra a Keiko Fujimori, acusada de lavado de activos y otros delitos.
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Esta resolución, emitida por el juez José Antonio Dias Toffoli, responde a una solicitud de Jaime Yoshiyama Tanaka, coacusado en el proceso. La decisión señala que las pruebas son “poco fiables” por fallas en la cadena de custodia de datos.
Esta resolución específica beneficia no solo a Yoshiyama, sino también tuvo un precedente en el caso contra el expresidente Ollanta Humala, afectando el desarrollo de juicios por lavado de activos en Perú.
Al violar las restricciones impuestas por el STF, exejecutivos de Odebrecht podrían enfrentarse a procesos penales en Brasil, complicando la participación de estas figuras clave en procesos fuera de este país. Odebrecht sugirió a las autoridades peruanas solicitar una nueva carta rogatoria que permita testimonios sin contravenir la decisión del alto tribunal brasileño.
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En el entorno legal peruano, persiste la incertidumbre sobre si los tribunales adoptarán la resolución del STF como parte de sus procedimientos judiciales. César Nakazaki, abogado familiarizado con el caso, planteó a Infobae Perú la relevancia de esta discusión en el futuro inmediato. Además, Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, anticipa invocar esta decisión durante las etapas de evaluación de pruebas relacionadas con los mencionados servidores, argumentando la premisa de la ilegalidad de estas pruebas como un concepto universalmente reconocido.