Una situación constante durante el gobierno de Pedro Castillo fue su tensa relación con el Congreso de la República. La oposición ejerció un impecable control político de la administración del hoy encarcelado expresidente. Citaban, interpelaban y censuraban a los ministros de Estado que, ciertamente, colaboraban con esto porque se vieron envueltos en graves actos de corrupción.
Sin embargo, en la gestión de Dina Boluarte se ha dado un rotundo cambio. Los más férreos críticos de Castillo Terrones bajaron los decibeles con la actual jefa de Estado desde diciembre del año pasado. La razón fundamental de esta nueva posición: la necesidad de varios parlamentarios de mantenerse en sus curules hasta julio del 2026.
De esta manera, Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso (APP) se han convertido en las bancadas que sostienen a la actual mandataria en el cargo. A este grupo también se les ha unido parte del izquierdista Bloque Magisterial, donde los profesores respaldaba a Castillo cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo.
Y en esa suerte de pacto de no agresión es que Boluarte y el Parlamento han sobrevivido durante este año a pesar del enorme desprestigio que registran en las encuestas. El más reciente estudio de CPI refleja que la mandataria tiene 9.4% de aprobación y el Legislativo registra 5.2%. Indicadores históricos que confirman el gran rechazo que existe de la ciudadanía hacia ambos.
A raíz de este panorama es que Infobae Perú consultó con expertos que nos ayudan a entender la dinámica presidencial-parlamentaria que ha funcionado hasta el momento y prolonga la grave crisis política.
Sin impacto
En el Congreso de la República se impulsó 26 mociones de interpelación contra los ministros de Dina Boluarte en lo que va de este primer año. Estas se repartieron de la siguiente manera: Interior (8), Defensa (4), Educación (3), PCM (2), Salud (2), Justicia (2), Energía (2), Desarrollo Agrario (1) y Cancillería (1).
De la cifra mencionada, cerca de 17 recibieron la aprobación de la representación nacional. Las dos más recientes se dieron con Óscar Vera Gargurevich (Energía y Minas) y Albina Ruiz (Ambiente). Solo un ministro de Boluarte llegó a ser censurado. Nos referimos al extitular de la cartera del Interior, Vicente Romero.
Ante este escenario, el expremier Pedro Cateriano señaló a este medio que existe claramente una cohabitación política entre el Ejecutivo y el Congreso porque han primado “los intereses personales, partidarios y económicos como se ha visto en los últimos meses”. “Claramente se ha dejado de lado el interés nacional”, indicó.
El expresidente del Consejo de Ministros cuestionó que un ejemplo claro de la dejadez de los parlamentarios por realizar un control político de los actos del Gobierno es que ni siquiera asisten a las sesiones de interpelación de los ministros como pasó en el caso del titular de la cartera de Energía y Minas, Óscar Vera Gargurevich, en que la mayor parte de las curules estaban vacías.
“Esta es una desnaturalización por completa de la interpelación. Lo que hay es una indiferencia e irresponsabilidad absoluta. Vemos, por ejemplo, el caso más notorio que es del ministro del Interior. Estamos viendo la ejecución presupuestal de inversiones del Ministerio del Interior y, bueno, no llega ni al cuarenta por ciento de ejecución. Y con todas las necesidades que hay en el país por el aumento de la delincuencia. Acá hay una ineptitud absoluta del Gobierno, pero también una negligencia absoluta y complicidad del Parlamento. Ha claudicado en su función fiscalizadora”, agregó.
“Cómo es posible que se haya fugado el señor Cerrón y el Parlamento no haya tenido el menor interés en fiscalizar, en llamarlo y pedirle cuentas al ministro del Interior para hacerle efectiva la responsabilidad política dentro del gabinete. Es un tema que simplemente demuestra que hay un contubernio notorio. En cualquier país que se fugue la persona que fue el jefe del partido de gobierno, como es el caso del señor Cerrón, durante el calamitoso y corrupto gobierno de Castillo sería un escándalo político de magnitud. La fuga de Cerrón no está en la agenda del Parlamento”, señaló.
“De otro lado, la actitud del Gobierno frente a la fuga es de un silencio sepulcral acaso porque la presidenta Boluarte tiene una investigación conjuntamente con Cerrón por los llamados ‘Dinámicos del Centro’ en la Fiscalía de Junín que avanza a paso lentísimo ”, aseguró.
Finalmente, Cateriano cuestionó al Parlamento que tampoco ha demostrado interés en indagar las denuncias de manejo irregular de los recursos públicos por parte del hermano de la presidenta Boluarte, Nicanor Boluarte, quien usando a los prefectos y subprefectos para recolectar firmas con el fin de inscribir a su partido Ciudadanos por el Perú para participar en las elecciones del 2026.
“Esto es una sumatoria de hechos que demuestran que no hay un cumplimiento de las normas legales y eso sí es muy preocupante porque, al final, lo que estamos percibiendo es un desgobierno y anarquía política. Cada uno va por su lado. El Gobierno, el Parlamento y hay una amenaza permanente al orden jurídico nacional”, refirió.
Sin fiscalización
Por su parte, el excongresista Mesías Guevara consideró que la alianza entre Boluarte y el Congreso resulta “tóxica” porque genera inestabilidad política y perjudica la gobernabilidad al alejar a las inversiones tanto públicas como privadas que impacta en la economía. Aseguró que este pacto también tiene alcanza a la Fiscalía de la Nación y el Tribunal Constitucional.
El expresidente del partido Acción Popular anotó que entre Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso se reparten las designaciones de funcionarios de la administración de Boluarte. Además, agregó que su exagrupación también se ha convertido en una suerte de satélite para garantizarle impunidad a la mandataria.
“Vivimos en una tormenta perfecta. El Perú se ha caracterizado por ser un país impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Esa tensa alianza que existe bajo la mesa entre el Congreso y el Ejecutivo no tiene la fortaleza de ser rígida y fuerte. No creo que [el adelanto de las elecciones] se dé por el tema de las reformas electorales, sino por la crisis económica que hay a nivel nacional”, zanjó.
Hay que recordar que en el Parlamento se abrieron dos indagaciones contra Dina Boluarte. La primera fue en la Comisión de Fiscalización tras destaparse las presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la presidenta en la pasada campaña electoral de Perú Libre. Sin embargo, con la llegada del partido del lápiz a la presidencia del grupo de trabajo, la investigación quedó totalmente paralizada.
Lo misma pasa con la comisión que iba a investigar las más de 60 muertes ocurridas en las protestas contra Boluarte entre diciembre del 2022 y enero de este año. Este grupo también registra muy escaso avance.
