La presidenta de la República, Dina Boluarte presentó ante Congreso de la República un proyecto de ley en el cual le solicita facultades para legislar por 120 días en materia de seguridad ciudadana, orden público e interno, y fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú.
También buscan tener una herramienta con la que se logre intercambiar información entre la Superintendencia de Banca y Seguros, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Todo lo antes mencionado, tiene como objetivo contar con el marco legal que permita al Gobierno aprobar, decretar e implementar medidas concretas para enfrentar con mayor dureza y eficiencia la delincuencia y la criminalidad en el país.
Central única de emergencia
También se proyecta establecer un marco normativo para la implementación, operación y mantenimiento de la Central Única de Emergencias, a través de un único número que regule su interconexión y funcionamiento.
Además, el proyecto busca fortalecer la seguridad ciudadana, autorizando el uso del canon y sobrecanon, con inversiones en infraestructura y equipamiento para la PNP, por parte de los gobiernos regionales y locales.
También se tiene previsto una actualización de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, entre otras normativas, haciendo hincapié en la capacitación y entrenamiento de los serenos municipales en el uso adecuado de medios de defensa.
Cabe recordar que estas medidas, junto con otras, están en consonancia con los acuerdos alcanzados durante la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que tuvo lugar el 1 de marzo del presente año en el Palacio de Gobierno.
Proyectos Ley
La mandataria no solo solicitó la delegación de facultades legislativas, sino que presentó cinco iniciativas para mejorar el desempeño del Estado y atender las necesidades de la población, que son: El primero fue el proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Seguido del Proyecto de ley que modifica diversos artículos del Código Penal para fortalecer la lucha contra la corrupción dentro del sistema penitenciario.
El tercero fue proyecto de ley de fortalecimiento de la función de integridad en el sector público, y el proyecto se trato de la Ley que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable. El último proyecto se trató de una Resolución Legislativa que modifica el artículo 77 del Reglamento del Congreso a fin de garantizar el estudio y dictamen en el trámite de las autógrafas de ley observadas por el Poder Ejecutivo.