Alfonso Adrianzén fue el segundo ministro de Trabajo del gobierno de Dina Boluarte. Él estuvo en este cargo entre el 13 de enero y 23 de abril de este año en reemplazo de Eduardo García, quien renunció por el manejo que se tuvo de las protestas sociales que dejaron más de 60 fallecidos en el sur del país.
Sin embargo, Adrianzén fue protagonista de un sonado escándalo en el Seguro Social de Salud - EsSalud que terminó por provocar su salida del Ejecutivo, pero que ahora podría complicarle su situación legal ante el Ministerio Público que lo investiga por el presunto delito de negociación incompatible.
Según una investigación del diario El Comercio, chats de WhatsApp y testimonios confirmarían que Adrianzén tuvo influencia en el pago irregular de S/ 41´000,520 a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en el 2020 la buena pro en el procedimiento de adquisición de un millón de pruebas rápidas para afrontar la pandemia del coronavirus.
El encargado de entregar las pruebas que pondrían en jaque al ex titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo sería Publio Román, gerente central de Gestión Financiera de EsSalud. Esta persona le proporcionó la información a la Fiscalía que investiga a Adrianzén, Arturo Orellana, presidente ejecutivo de EsSalud, y la exasesora presidencial Grika Asayag O’Besso.
Precisamente, Orellana es la persona que habría coordinado el pago con el exministro de Trabajo.
“¿Cuándo se va pagar el tema del laudo arbitral de Aionia?”, dijo Orellana a Román. Él contestó: “Ese pago está programado para el viernes [10 de febrero] estoy dentro del plazo”.
Es a partir de aquí que el exministro Alfonso Adrianzén entra a tallar.
“Presidente [de Essalud], le informo que para este viernes se ha programado el pago del laudo arbitral a favor de la empresa Aionia. Saludos”, le dijo Román, quien después recibe una llamada de Orellana dos días después.
En la comunicación, el titular de EsSalud le llama para indicarle que la presidenta Boluarte se enteró de este pago de 41 millones de soles.
“La presidenta de la República me ha llamado, del porqué he hecho el pago a Aionia, parece que el ministro de Trabajo está involucrado”, sostuvo.
Adicionalmente, el Ministerio Público indaga una supuesta reunión que Grika Asayag habría sostenido con Orellana, el empresario Carlos Valdivia (dueño de Aionia) y el abogado Manuel del Castillo en el restaurante Delibakery, de San Isidro.
De hecho, fiscales acudieron a este lugar para tener más pruebas como boletas y videos de las personas que se habían reunido en ese local para pactar comisiones por el pago de Aionia.
Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando no había boletas y facturas a nombre de ninguno de los presuntos participantes, ni registro de video en el que aparecían los cuatro.
Otra investigación
No es la única investigación que el exministro Adrianzén alberga en el Ministerio Público. El último 14 de febrero, la Fiscalía abrió una carpeta en contra del funcionario por su supuesta autoría del delito de colusión agravada
Este procedimiento también incluye al premier Alberto Otárola, a quien se le atribuye el rol de “instigador”, debido a la contratación de su excuñada -Carola Gisella Rodríguez Bringas- al interior de la cartera liderada por Adrianzén.
La mujer también figura como presunta cómplice del mencionado delito. De acuerdo con el citado semanario periodístico, esta fue contratada el pasado 21 de enero como asesora II del Despacho Ministerial.
En su momento, Adrianzén rechazó recibir alguna “indicación o recomendación” del jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para la citada designación.