La Sala Penal Permanente de Corte Suprema declaró inadmisible este jueves el recurso de casación interpuesto por la defensa del expresidente Pedro Castillo contra la resolución que confirmó su prisión preventiva de 18 meses por delito de rebelión y conspiración, tras orquestar el autogolpe en diciembre pasado.
Según un comunicado del Poder Judicial, el exmandatario apeló a la “inobservancia de precepto constitucional, infracción de precepto material y vulneración de la garantía de motivación” para argumentar la anulación de su sentencia.
Sin embargo, el tribunal supremo señaló que “no procede recurso alguno, tanto más si el órgano que la emitió es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, máxima instancia jurisdiccional ordinaria del Poder Judicial”, se lee en la misiva pública.
Ocurre un día después de que la misma Sala decidiera aceptar a debate un recurso de apelación de la defensa del expresidente “para que se respete la garantía del antejuicio político”.
El 27 de enero pasado, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había declarado infundada, en primera instancia, la cuestión previa en la investigación que se sigue a Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración de rebelión y otros en agravio del Estado y la sociedad peruana.
Este recurso busca anular la investigación abierta tras el autogolpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre, lo que llevó a que fuera destituido por el Congreso.
El exmandatario permanece detenido desde el 7 diciembre y días después recibió una orden judicial de 18 meses de prisión preventiva.
El pasado 9 de marzo se emitió otra orden de 36 meses de prisión preliminar en su contra, mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una organización criminal conformada durante su Gobierno, por la que puede recibir una condena de 32 años de cárcel.
El expresidente negó “rotunda y categóricamente” que sea autor y forme parte de una organización criminal y aseguró que “se ha armado un castillo de delitos supuestos” en su contra con la participación de “colabores comprados”.
Durante la audiencia de este último pedido, la fiscalía señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la Administración pública, en la modalidad de colusión.
Este caso, en el que también se ha implicado a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, responde a presuntas irregularidades en obras del Puente Tarata II, en San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.