En mayo del año pasado, la Contraloría General de la República descubrió que la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien por ese entonces lideraba el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), tenía un cargo en una asociación privada a pesar de que por ley está prohibida. Cuando se creía que lo había dejado, tal parece que se olvidó.
Según el diario Perú 21, Boluarte Zegarra se mantiene como presidenta del Club Departamental Apurímac. De acuerdo a la partida N° 03001776 inscrita en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), la mandataria seguirá en este puesto hasta el próximo 15 de febrero de 2024. Su mandato inició en 2019 y prolongó su gestión hasta el próximo año.
En esa línea, la jefa de Estado sigue infringiendo el artículo 126 de la Carta Magna que, a pesar de estar referido a sólo los ministros de Estado, también alcanza a un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
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“Los ministros de Estado no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. No pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”, se lee en el dispositivo legal.
Historia de una designación
En el informe de la Contraloría se indica que Boluarte fue elegida presidenta del Consejo Directivo de la asociación Club Departamental Apurímac para el periodo del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Posteriormente, resultó reelegida para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022. Todo cuando ya formaba parte del Poder Ejecutivo.
“La fiscalizada (Boluarte) durante el periodo del ejercicio del cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social intervino en la gestión de la asociación privada Club Departamental Apurímac suscribiendo documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo”, se lee en el documento.
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Esta situación también se habría dado en el Consejo Directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú, donde Boluarte fue elegida segunda vicepresidenta de la institución en marzo de 2019. Luego, el 8 de mayo de 2021, la nombraron como primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023.
En el mismo informe se menciona que las contrataciones hechas por el hermano y el cuñado de la vicepresidenta, Nicanor Boluarte Zegarra y Alfredo Pezo Paredes, con la Municipalidad de Pueblo Libre y la Contraloría, respectivamente, configurarían un potencial conflicto de interés. Por ello, se recalca que ambos están impedidos de contratar con el Estado.
El 4 de agosto, Nicanor Boluarte Zegarra fue designado en el cargo de “Asesor I” del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
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La Contraloría apunta que la presidenta no informó en su declaración jurada de intereses sobre el lugar de trabajo de su familiar. Solo puso que era “abogado independiente”.
Rechazo y proceso
En medio del escándalo, Dina Boluarte se pronunció desde Suiza, donde se encuentra para representar al Perú en calidad de primera vicepresidenta de la República en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), para rechazar que haya cometido alguna infracción constitucional.
Sin embargo, la congresista Norma Yarrow (Avanza País) presentó la denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento. Tras varios meses de retraso, el 5 de diciembre del año pasado, dos días antes del fallido autogolpe de Pedro Castillo, se decidió archiva este proceso contra la presidenta.
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Con 13 votos a favor y 8 en contra, se aprobó la recomendación del congresista Edgar Reymundo (Juntos por el Perú - Cambio Democrático) de desestimar de acusar e inhabilitar por 10 años de la función pública a Boluarte. Entre los que respaldaron este punto estuvieron integrantes de Acción Popular: Luis Aragón, Wilson Soto y José Arriola.