La legisladora Sigrid Bazán, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, emitió un pronunciamiento tras un operativo policial realizado en la región de Ayacucho.
En la provincia se suscitaron diversas protestas en contra de la presidente de la república, Dina Boluarte, desde la segunda ola de manifestaciones iniciadas el cuatro de enero.
En este escenario, la noche del último jueves doce de enero, agentes detuvieron preliminarmente por quince días a miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa). Estos son Rocío Leandro Melgar, presidente del gremio; Stefany Alanya Chumbes, vicepresidenta, y Alejandro Manay Pillaca, secretario.
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Leandro Melgar, líder de dicho grupo, cuenta con antecedentes por actos de terrorismo. La sindicalista formó parte de la organización terrorista Sendero Luminoso, por ello, fue detenida e internada en penales por participar en atentados en las décadas de los 80 y 90, según atestados de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP).
En dicha operación participaron agentes de la Dircote y efectivos de la VIII Macro Región Policial Ayacucho. Según detalló el jefe de la primera institución, el general PNP Óscar Arriola, la conocida bajo el pseudónimo de ‘Camarada Cusi’ fue detenida “por terrorismo”.
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En este contexto, la congresista Bazán Narro condenó el operativo realizado por los agentes del orden, a través de sus cuentas institucionales, y alertó de una supuesta vulneración a los derechos de estas personas.
“Han detenido a dirigentes sociales durante una actividad cultural pacífica en Ayacucho. El objetivo es claro: infundir miedo y amedrentar a quienes exigen la renuncia de la Sra. Boluarte. Alertamos a los organismos internacionales sobre la vulneración a los derechos humanos en regiones”, indicó.
Otras reacciones
Ruth Luque, compañera del grupo parlamentario de Sigrid Bazán, también se pronunció al respecto. Según indicó, mediante su cuenta de Twitter, la detención se realizó de forma irregular y “al margen” del trabajo del Ministerio Público.
“La Policía no puede actuar al margen de la Fiscalía, toda detención exige acceso al derecho a la defensa, ser informado de las razones de la detención. Derechos prevalecen para todas las personas. Hoy es fundamental privilegiar garantías y que se cumplan escrupulosamente”, manifestó.
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Hasta el momento, de acuerdo al Fiscal Superior de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, “en este caso, no se produjo una detención en flagrancia.
“Hay una investigación científica de la PNP, precisamente de los oficiales y suboficiales de la Dircote, quienes durante varios meses han reunido evidencias, bajo la dirección de nuestra fiscal provincial de terrorismo, han sido evacuadas al órgano jurisdiccional a solicitar la detención preliminar por quince días”, señaló.
Además, precisó que el juez de la Corte Nacional analizó el informe policial, el requerimiento del fiscal y las evidencias que se reunieron, anteriormente, para disponer conforme a ley la inmediata captura de siete personas, entre ellos, los dirigentes.
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