El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá rechazó este viernes 6 de noviembre la solicitud del exvicepresidente José Gabriel Carrizo para modificar su detención domiciliaria, impuesta a finales de enero por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares.
Los magistrados consideraron que la defensa no presentó elementos nuevos que justificaran flexibilizar la medida cautelar, por lo que el exfuncionario continuará recluido en su residencia.
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La decisión fue adoptada por los magistrados Andrés Reyes, Carlos Barragán y Raúl Urriola, quienes examinaron la apelación presentada contra una resolución del 14 de octubre.
En aquella audiencia, la jueza de garantías Mónica Barrios había rechazado sustituir el arresto domiciliario por presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales los días 15 y 30 de cada mes.
Con este fallo, Carrizo acumula al menos tres decisiones judiciales desfavorables a sus intentos de flexibilizar la detención, según los antecedentes publicados.
El 12 de febrero, un tribunal de apelaciones confirmó la medida original; el 14 de octubre, una jueza rechazó modificarla, y este 6 de noviembre quedó ratificada nuevamente, aunque las dos últimas decisiones corresponden a una misma solicitud y su apelación.
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La defensa también había intentado revisar las restricciones el 21 de agosto, pero retiró la petición antes de que fuera resuelta. Su abogado, Víctor Orobio, cuestionó que la jueza le concediera solamente diez minutos para sustentar los argumentos relacionados con un expediente que, según indicó, contiene miles de páginas de documentos y auditorías.
Durante la audiencia de este viernes, los abogados insistieron en que debe descontarse un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares del monto atribuido al presunto enriquecimiento. La defensa sostiene que el inmueble fue adquirido antes de que Carrizo asumiera la vicepresidencia y que su inclusión altera los cálculos de la investigación patrimonial.
Los magistrados señalaron que, incluso después de restar el valor de esa propiedad, permanecerían más de 600,000 dólares sin justificar, de acuerdo con los elementos examinados en el proceso.
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También consideraron que el informe pericial presentado por los abogados, según el cual los ingresos del exfuncionario superan sus gastos, debe discutirse durante el juicio, cuando pueda interrogarse a los especialistas.
La investigación se originó en un informe de la Contraloría General de la República sobre la evolución patrimonial de Carrizo durante su gestión como vicepresidente, entre 2019 y 2024.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existe un incremento de aproximadamente 1.9 millones de dólares que no habría sido debidamente justificado, una acusación que el exfuncionario rechaza.
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Carrizo fue aprehendido el 27 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresó a Panamá procedente de Guatemala. Un día después, la jueza de garantías Oris Medina legalizó su aprehensión, admitió la imputación por enriquecimiento injustificado y ordenó detención domiciliaria e impedimento de salida del país.
Desde entonces, el exvicepresidente y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático ha sostenido su inocencia y cuestionado distintos aspectos del procedimiento.
Sus abogados también plantearon una controversia sobre la competencia de los tribunales ordinarios, alegando que Carrizo tiene derechos como integrante del Parlamento Centroamericano, aunque no había formalizado su juramentación.
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El expediente enfrenta además una disputa relacionada con la duración de la investigación penal. El Ministerio Público presentó dos amparos de garantías para obtener más tiempo y ampliar las diligencias, entre ellas una solicitud para declarar la causa compleja. Uno de esos recursos fue admitido por el Primer Tribunal Superior, según lo conocido durante la audiencia.
La defensa presentó una apelación contra esa actuación, mientras la discusión sobre los plazos ha impedido avanzar normalmente hacia la etapa intermedia del proceso. La Fiscalía pretende disponer de más tiempo para examinar los bienes y movimientos patrimoniales atribuidos al exvicepresidente, mientras sus abogados cuestionan la prolongación de las actuaciones judiciales.
Por ahora, Carrizo permanecerá bajo arresto domiciliario mientras continúa el procedimiento por enriquecimiento injustificado.
Las controversias sobre el origen de sus ingresos, el valor de sus propiedades y los informes contables deberán resolverse en las etapas correspondientes del proceso judicial, conforme a las pruebas presentadas por las partes.
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