Dos nuevos ciudadanos panameños viajaron a Moscú la semana pasada, atraídos por contrataciones relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania, pese a las reiteradas advertencias del Gobierno sobre los peligros de incorporarse al conflicto.
El canciller Javier Martínez-Acha confirmó que uno pudo ser rescatado mediante gestiones diplomáticas, mientras el segundo no logró acceder a la embajada panameña.
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El ministro de Relaciones Exteriores expresó su preocupación porque continúan apareciendo personas dispuestas a aceptar ofrecimientos que ocultan las condiciones reales que enfrentarán al llegar a territorio ruso.
Durante sus declaraciones, insistió en que los interesados deben comprender que no se trata de oportunidades laborales convencionales, sino de desplazamientos hacia zonas de combate.
“No van a un sarao a Moscú, no van a un sarao a Ucrania, van al frente de batalla”, advirtió Martínez-Acha, utilizando el término sarao para referirse a una fiesta. El funcionario calificó de inconcebible que nuevos ciudadanos sigan aceptando estas propuestas pese a las alertas públicas, especialmente cuando las autoridades han documentado fallecimientos, desapariciones y dificultades para abandonar las fuerzas militares.
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El canciller reconoció que Panamá no dispone de una cifra exacta de los nacionales que permanecen en el conflicto, porque muchos viajan sin informar previamente a las autoridades.
Sin embargo, confirmó que cerca de doce panameños han regresado al país, mientras continúan las gestiones para facilitar la salida de otros ciudadanos.
La dimensión del problema quedó reflejada en un informe de la Cancillería fechado el 15 de septiembre, al que tuvo acceso el diario La Prensa, que contabilizó seis panameños fallecidos, 15 desaparecidos y otros 70 ciudadanos que figuraban como activos en el conflicto armado, según la información publicada por ese medio.
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De acuerdo con las cifras divulgadas por La Prensa, 62 panameños estaban vinculados a las fuerzas rusas y ocho a las ucranianas. El documento también registraba ocho desaparecidos en Rusia y siete en Ucrania, además de 18 ciudadanos repatriados, once desde territorio ruso y siete desde el ucraniano.
El reclutamiento ha generado investigaciones penales por presunta trata de personas y explotación laboral, debido a denuncias de jóvenes captados mediante ofertas engañosas. Las autoridades han identificado promesas de salarios mensuales de entre 2,000 y 5,000 dólares, además de supuestos beneficios económicos que no siempre se materializaron.
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que algunos reclutadores utilizaban TikTok y otras redes sociales para contactar a posibles interesados. Posteriormente, les facilitaban alojamiento, pasaportes y boletos aéreos. Una vez en Rusia, algunas víctimas denunciaron la retención de sus documentos y el incumplimiento de los pagos prometidos.
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Uno de los casos más recientes ocurrió el 24 de septiembre de 2026, durante la operación Rescate Soberano, desarrollada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional. Las autoridades realizaron allanamientos en un hostal y un restaurante del corregimiento de la 24 de Diciembre, donde aprehendieron a tres sospechosos.
Al día siguiente, un juez de garantías ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos, identificados como Joselyn Ramírez, Rolando Newball y María Inés García. Los investigados fueron imputados por presunta trata de personas agravada y delincuencia organizada, relacionados con la captación de panameños para participar en el conflicto armado.
Durante la audiencia, la fiscal Elizabeth Carrión sostuvo que los tres procesados habrían recibido transferencias superiores a 800.000 dólares para financiar actividades de reclutamiento. La investigación identificó a tres hombres residentes en Bocas del Toro que fueron contactados mediante TikTok y trasladados a la capital para tramitar pasaportes y preparar su salida hacia Rusia.
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Según el expediente, dos de los posibles reclutas abandonaron el alojamiento y alertaron a la Policía, al sospechar que podían ser víctimas de explotación. El tercero viajó a Rusia, pero denunció que no recibió los 2.000 dólares prometidos y posteriormente solicitó asistencia consular para regresar a Panamá.
Con estas aprehensiones, al menos seis personas habían sido imputadas y detenidas en Panamá por investigaciones relacionadas con el reclutamiento. Entre los antecedentes figura el caso de Efraín Almengor, procesado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Las investigaciones permanecen abiertas y las imputaciones no constituyen condenas definitivas.
El Gobierno panameño mantiene gestiones diplomáticas ante Rusia y Ucrania para facilitar el retorno de sus ciudadanos. Martínez-Acha aseguró que la Cancillería atiende a los familiares y procura obtener información sobre quienes permanecen en el frente, aunque reconoció que las dificultades de comunicación impiden conocer con precisión su situación.
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