Un sargento segundo de la Policía Nacional murió al caer aparentemente desde una torre del Centro Penitenciario La Joya, al tratar supuestamente de intentar atrapar un dron que personas no identificadas intentaban introducir a la cárcel.
La información extraoficial señala que la unidad policial, identificada como Franklin Fuentes, fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde posteriormente falleció producto de un paro cardiaco.
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Durante el periodo 2025-2026, las cárceles panameñas han experimentado una escalada sin precedentes en el uso de drones para introducir drogas, armas de fuego, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos, consolidando esta tecnología como uno de los vectores más críticos de vulneración de la seguridad penitenciaria en el país.
Las cifras oficiales apuntan en detalle a más de 1.349 drones incautados solo en lo que va de 2026 en distintos centros penales, acompañados del decomiso de al menos 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores, 1.855 teléfonos celulares y más de 2.000 dosis de sustancias ilícitas.
Expertos en seguridad aseguran que esta situación lo que pone en evidencia es la sofisticación logística de las redes criminales que operan tanto dentro como fuera de los recintos carcelarios.
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A este escenario se suman casos emblemáticos como el “servicio de delivery” de drogas por drones desmantelado en noviembre de 2025 en el Centro Penitenciario La Joya.
Igualmente, el hallazgo de equipos de internet satelital de alta velocidad vinculados a pandillas intramuros y la incautación de una antena Starlink en un operativo penitenciario en 2026, que muestran una convergencia entre contrabando aéreo y comunicaciones clandestinas de alto rendimiento.
Frente a esta realidad, el Estado panameño ha desplegado un abanico de respuestas que van desde la prohibición formal del uso de drones en todos los centros penitenciarios, la declaración de espacio aéreo restringido sobre complejos carcelarios y la puesta a prueba de sistemas de bloqueo contra drones.
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También se cuenta el refuerzo de patrullajes aéreos y terrestres, la capacitación del personal custodio y la promoción de reformas legales para aumentar las penas por el uso de esta tecnología con fines ilícitos.
Sin embargo, la persistencia e intensidad de los intentos, la estimación de una gran cantidad de drones interceptados diariamente en algunas cárceles y la existencia de complicidad interna reconocida hasta por el propio presidente José Raúl Mulino revelan que la lucha entre innovación criminal y respuesta institucional plantea muchas interrogantes para la política pública, la transparencia y el control del crimen organizado que opera desde y hacia las prisiones panameñas.
Un caso llamativo es, según reportes de prensa, el de la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, donde funcionarios del sistema penitenciario revelaron que hacia finales de 2025 se llegaron a registrar más de 60 incursiones de drones en una sola noche.
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La Joyita y La Joya aparecen reiteradamente en informes y noticias de 2025 y 2026 como epicentros del uso de drones para contrabando.
En marzo de 2026, por ejemplo, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó del hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya, que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.
Estos paquetes fueron ubicados tras una ronda de vigilancia y posteriormente verificados, confirmando así la efectividad parcial de los controles, pero también la capacidad de los operadores criminales de coordinar múltiples lanzamientos en una misma jornada.
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En paralelo, el Centro Penal La Joyita ha sido escenario de otras modalidades de ingreso de contrabando -como el uso de “mochileros” y caletas bajo estructuras de cemento- que se complementan con la operación de drones, configurando un mosaico de técnicas que refuerzan la resiliencia del contrabando frente a las acciones de las autoridades.
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