El presidente José Raúl Mulino aseguró que la principal amenaza que enfrenta actualmente el Canal de Panamá es el narcotráfico, debido a que la ubicación estratégica del país también resulta atractiva para las organizaciones criminales. “El enemigo del Canal es el narcotráfico, no más nadie”, afirmó durante un foro regional celebrado en la capital panameña.
La declaración se produjo durante el Foro de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, conocido también como “Escudo de las Américas”, que reunió a autoridades de seguridad de una veintena de países.
Mulino sostuvo que la ruta interoceánica y la posición geográfica panameña representan ventajas para el comercio, pero también son aprovechadas por redes dedicadas al tráfico internacional de drogas.
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“Somos un punto neurálgico para que la producción pueda llegar a los grandes mercados de consumo”, señaló el mandatario. Según explicó, parte de las sustancias que atraviesan el territorio termina quedándose en Panamá como mecanismo de pago a organizaciones locales, alimentando posteriormente el microtráfico, las pandillas y otras actividades criminales en las calles.
Mulino vinculó ese fenómeno directamente con la seguridad de la vía interoceánica y con la soberanía nacional. Para el presidente, el narcotráfico constituye una amenaza mayor que la cooperación internacional en materia de seguridad, en momentos en que su administración enfrenta cuestionamientos internos por los acuerdos alcanzados con Estados Unidos relacionados con la protección del Canal.
Una coalición contra los cárteles
El mandatario defendió la participación de Panamá en la Coalición de las Américas Contra los Cárteles y rechazó que el trabajo conjunto con fuerzas extranjeras implique una pérdida de soberanía. Afirmó que la verdadera amenaza está en organizaciones criminales capaces de penetrar comunidades, financiar estructuras ilegales y disputar espacios de control al Estado.
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“Lo que representa una clara amenaza a la soberanía nacional es el narcotráfico”, sostuvo. Mulino describió estas organizaciones como estructuras con capacidad económica para infiltrarse en instituciones y corromper sistemas públicos, mientras sus recursos se extienden hacia actividades como la trata de personas, la minería ilegal y el blanqueo de capitales.
El presidente fue más allá y aseguró que los cárteles cuentan con infiltrados en gobiernos, sistemas judiciales y organismos internacionales, además de recursos para financiar abogados, comunicadores y organizaciones que, según afirmó, actúan aparentemente en defensa de causas sociales. Se trata de una de las acusaciones más fuertes formuladas por Mulino durante el encuentro regional.
Para enfrentarlas, planteó que los países donde se producen, transportan y consumen las drogas deben actuar de manera coordinada. A su juicio, concentrar los esfuerzos únicamente en alguno de esos componentes permitiría que las organizaciones criminales se adapten y trasladen sus operaciones hacia territorios donde encuentren menores controles de seguridad.
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Estados Unidos refuerza su presencia
Entre los asistentes estuvo el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien sostuvo posteriormente un encuentro bilateral con Mulino. Ambos gobiernos destacaron la cooperación entre Panamá y Estados Unidos en materia de seguridad regional, particularmente en acciones destinadas a combatir el narcotráfico y fortalecer la capacidad operativa de las autoridades panameñas.
Mulino informó que durante los últimos 18 meses, mediante acuerdos con Washington, Panamá ha recibido recursos por $174 millones destinados a fortalecer tecnología y logística de seguridad. La cooperación incluye lanchas, vehículos, escáneres y equipos de comunicación utilizados por los organismos encargados de vigilar las costas, fronteras y otras áreas estratégicas del país.
El mandatario identificó tres pilares de su estrategia: la voluntad política del Gobierno, las fuerzas de seguridad panameñas y la cooperación internacional, encabezada en este caso por Estados Unidos. Mencionó específicamente al Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional como componentes operativos fundamentales para enfrentar las rutas utilizadas por organizaciones criminales.
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La relación de seguridad con Washington también ha adquirido relevancia por las operaciones vinculadas a la protección de la vía interoceánica. Estados Unidos considera a Panamá un aliado importante dentro de su estrategia regional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, mientras Mulino sostiene que esa cooperación se desarrolla respetando la soberanía y el territorio de cada uno de los países participantes.
“Naciones libres o narcoestados”
Durante su discurso, Mulino planteó que el avance de las organizaciones criminales coloca a la región ante una disyuntiva que resumió como “naciones libres o narcoestados”. Argumentó que el narcotráfico no constituye solamente un problema policial, debido a que su expansión afecta la estabilidad institucional, la inversión y las posibilidades de desarrollo económico y social.
El mandatario también relacionó el fenómeno con la ausencia del Estado en comunidades vulnerables. Según explicó, las organizaciones criminales aprovechan necesidades económicas y sociales para establecer redes de influencia, especialmente en áreas donde los servicios públicos son insuficientes. “En cuanto el Estado no esté presente, el narcotráfico planta bandera”, advirtió durante su intervención.
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En esa línea, Mulino sostuvo que combatir las drogas requiere acciones sociales además de operaciones policiales y militares, debido a la capacidad de los cárteles para ofrecer recursos a comunidades o individuos en dificultades. El presidente afirmó que cerrar esos espacios de captación debe formar parte de cualquier estrategia regional contra el crimen organizado.
La Coalición de las Américas Contra los Cárteles reúne a países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe junto con Estados Unidos. Desde Panamá, Mulino pidió mantener el intercambio de información y ampliar las operaciones coordinadas contra las estructuras narcocriminales, mientras insistió en que la posición estratégica del país obliga a reforzar especialmente la protección del Canal y sus alrededores.
Para el mandatario, esa ubicación convierte a Panamá simultáneamente en un eje fundamental del comercio mundial y un territorio codiciado por las redes del narcotráfico. Por ello sostuvo que proteger la vía interoceánica no puede limitarse a amenazas militares convencionales: el desafío inmediato, afirmó, proviene del poder económico y territorial que han adquirido las organizaciones criminales.
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Nuevo sheriff
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, utilizó el encuentro en Panamá para defender una estrategia más agresiva contra los cárteles y organizaciones calificadas por Washington como terroristas. El funcionario resumió la nueva orientación con una expresión directa: “hacer cosas malas a gente mala”, y afirmó que existe “un nuevo sheriff” dispuesto a emplear las capacidades estadounidenses contra esas estructuras criminales.
Su planteamiento supone trasladar al hemisferio herramientas utilizadas por Washington en su lucha contra organizaciones terroristas en otras regiones.
Uno de los puntos más controvertidos fue su llamado a los países latinoamericanos para que se aparten de la Corte Penal Internacional (CPI). Hegseth acusó a sectores de la izquierda internacional de intentar otorgarle ilegalmente jurisdicción sobre Estados Unidos y sus operaciones militares y sostuvo que las acciones emprendidas por Washington contra organizaciones criminales cumplen las leyes de los conflictos armados. Estados Unidos no es Estado parte del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la CPI.
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Hegseth sostuvo que cada nación debe conservar la capacidad soberana de emplear sus fuerzas para defenderse y recomendó expresamente a los integrantes de la coalición rechazar lo que describió como intentos de la CPI de limitar esa facultad.
La posición adquiere especial relevancia porque Washington busca ampliar las operaciones militares coordinadas contra organizaciones narcotraficantes en América Latina, una estrategia que ha generado cuestionamientos sobre sus alcances jurídicos y territoriales.
El funcionario también reivindicó una nueva interpretación de la Doctrina Monroe bajo la administración de Donald Trump, presentada por el gobierno estadounidense como una política para impedir que amenazas externas o actores considerados hostiles ganen espacio en el continente.
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Hegseth aseguró que Washington pretende combatir tanto al “narcoterrorismo” como la influencia de actores extranjeros considerados adversarios, dentro de una estrategia centrada nuevamente en el hemisferio occidental.
Además, anunció una profundización de las operaciones regionales y señaló que Colombia solicitó cooperación estadounidense para acciones conjuntas contra organizaciones armadas y estructuras vinculadas al narcotráfico.
Hegseth presentó esa coordinación como ejemplo del modelo que busca impulsar la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, mediante el intercambio de inteligencia y capacidades militares entre Estados Unidos y los gobiernos participantes.