Los avatares de la seguridad social

La orientación real de la política pública de un gobierno no se mide por sus enunciados ni por la batalla de narrativas, sino por la asignación presupuestaria. Allí es donde se terminan los supuestos y emerge la realidad en sentido estricto. El presente análisis se enfoca en el año 2025, un ejercicio fundamental porque refleja la gestión pura de la administración del presidente Javier Milei, evaluando tanto la dinámica del gasto (inversión) como la de los recursos, aportes, contribuciones y recaudación fiscal destinados a la protección social.

A la hora de evaluar este sistema —basado en el financiamiento por aportes de los trabajadores, contribuciones patronales y recursos fiscales, tal como aplica la mayoría de los países del mundo— es clave incorporar una variable futura: el impacto de la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Este mecanismo, creado para financiar despidos laborales, se nutrirá con el 3% de las contribuciones patronales, un desvío de recursos cuya repercusión en el sistema deberá ponderarse detenidamente. Algunos analistas estiman que las jubilaciones perderán cerca de 3.000 millones de dólares.

Para comprender la magnitud del sector, basta recurrir a la Ley de Presupuesto N° 27.798, a los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y a los reportes analíticos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En su conjunto, el gasto social asciende al 10,2% del PBI y se compone de la siguiente manera:

• Haberes previsionales y asignaciones: Representan el 6,8% del PBI. Constituyen la porción sustancial del gasto social y están enfocados en la seguridad social (jubilaciones, pensiones y, sobre todo, asignaciones familiares).

• Asistencia social directa: Representa el 3,2% del PBI e incluye políticas alimentarias, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, Tarjeta Alimentar, etc., ubicándose por debajo de los haberes de carácter contributivo.

• Salud: Alcanza el 0,5% del PBI, contemplando la inversión en hospitales, institutos nacionales, campañas de prevención, medicamentos, insumos y el PAMI, que cada día tiene menos prestaciones y calidad.

• Educación y cultura: Equivale al 0,4% del PBI, destinado al sostenimiento del sistema educativo y al giro de fondos a las universidades nacionales, que tienen serias dificultades para su funcionamiento.

• Vivienda, urbanismo y agua: Suma un 0,3% del PBI para obras de saneamiento, redes de agua corriente e infraestructura social básica.

Si nos enfocamos específicamente en la seguridad social, el gasto en haberes previsionales (6,8% del PBI) muestra una brecha considerable al compararlo con el nivel mundial: los países centrales de Europa destinan entre un 10% y un 12% del PBI a estas prestaciones. En nuestro país, las prestaciones de jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES representan el 5,2% del PBI (la mitad del gasto total en seguridad social), mientras que las asignaciones familiares equivalen al 0,9%; las pensiones no contributivas (por vejez, invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor - PUAM) se ubican en el 0,5%; y las Cajas Provinciales no transferidas junto al seguro de desempleo absorben el 0,2%.

Respecto a las fuentes de financiamiento, la estructura muestra una dependencia tributaria. Los aportes y contribuciones a la seguridad social cubren el 60% del pago de jubilaciones, más los aportes fiscales e impuestos específicos. El IVA aporta un 30%, lo que implica que casi el 40% de la recaudación total de este tributo depende la seguridad social. A esto se suma el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (cuyo 100% se destina a la seguridad social), una porción del Impuesto a los Combustibles, el total del componente de seguridad social del Monotributo y el 70% de su componente impositivo. En contraste, el Impuesto a las Ganancias, que representa el 19% del total de la recaudación nacional, no realiza aporte alguno al sistema. Sin dudas, el 40% de trabajadores no registrados y otro tanto de la economía en negro afectan el financiamiento y, por ende, la calidad de los ingresos de los beneficiarios de la seguridad social que son aportantes.

A la luz de los datos que muestran el gasto ejecutado durante 2025, el panorama que el Gobierno proyecta para 2027 anticipa un severo ajuste sobre las cuentas públicas. La evidencia de este torniquete presupuestario ya se manifiesta en hechos concretos: el incumplimiento en el pago de sentencias judiciales por reajustes jubilatorios —que cayeron a un tercio respecto de lo que se pagaba en los últimos años— y la paralización del bono de $ 70.000, congelado desde marzo de 2024, que en octubre debería ser $ 226.000 de haber mantenido la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El impacto social de este esquema es insostenible: actualmente, el 40% de los jubilados se encuentra endeudado y 500.000 de ellos están formalmente en mora. A esto se agregan deudas acumuladas en servicios básicos (gas y electricidad), farmacias, comercios de cercanía y diversos préstamos informales fuera de todo registro oficial.

Frente a esta coyuntura, resulta indispensable que los sistemas de actualización de haberes jubilatorios y programas sociales cuenten con fórmulas variables, tales como el promedio de aumentos salariales o la recaudación, que permitan aplicar mensualmente el mejor índice para los beneficiarios. La pregunta de fondo es ineludible: si la inflación llega a cero, como pregona el Presidente, ¿los jubilados se quedarán sin aumentos y no podrán recomponer sus ingresos?

Lejos de corregir el rumbo, de cara al Presupuesto 2027 y ante la caída de la recaudación tributaria, el Poder Ejecutivo prevé profundizar el recorte sobre las universidades, las ayudas sociales, las asignaciones familiares, las jubilaciones y pensiones, entre otras áreas esenciales del Estado. La seguridad social no puede ser la variable de ajuste de un equilibrio fiscal desprovisto de contención humana.