En 1817, el poeta inglés Samuel Taylor Coleridge formuló una idea que terminaría siendo más famosa que muchos de sus poemas. La llamó suspensión voluntaria de la incredulidad. Se refería a esa disposición del lector a aceptar, mientras dura una obra de ficción, que sucedan cosas que sabe imposibles. Que los muertos hablen, que los animales piensen, que alguien viaje en el tiempo. No hace falta creer que todo eso es cierto. Alcanza con dejar de exigir, por un rato, que lo sea.
Dos siglos después, hemos desarrollado una variante menos inocente de aquel mecanismo. Podríamos llamarla suspensión voluntaria de la racionalidad. Coleridge nos proponía dejar de lado la incredulidad para disfrutar de una historia que sabíamos inventada. Nosotros parecemos capaces de dejar de lado la razón para aceptar como verdaderas historias que sabemos, o al menos sospechamos, que no resisten demasiadas preguntas.
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Y lo hacemos sin necesidad de cerrar los ojos. A veces, incluso, con los ojos bien abiertos.
En la Argentina hemos perfeccionado esa habilidad hasta convertirla en una suerte de destreza colectiva. Personas perfectamente capaces de analizar un contrato, administrar una empresa o resolver una ecuación pueden abandonar esas mismas capacidades cuando se trata de examinar una afirmación que proviene de su propio universo de creencias.
«La emisión monetaria no genera inflación». La relación entre cantidad de dinero y precios no es instantánea ni mecánica. Pero una cosa es discutir la complejidad de un fenómeno y otra muy distinta es declarar irrelevante, por convicción política, uno de sus factores fundamentales.
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«Podemos hacer un plan platita sin emisión». También es posible, siempre que se explique de dónde sale el dinero. Lo que no existe es el gasto público que aparece por generación espontánea, como los conejos en la galera de un mago. Aunque, a diferencia del espectáculo de magia, en este caso suele haber alguien obligado a pagar la entrada.
«Nuestra líder está condenada por corrupción, pero tiene que ser candidata». Una condena judicial puede ser cuestionada. La dificultad empieza cuando la conclusión precede a cualquier examen: si el tribunal absuelve, se hizo justicia; si condena, hay persecución.
Quienes sostienen estas posiciones conocen, muchas veces perfectamente, las objeciones. Les sobra información y, en general, también inteligencia. Lo inquietante es el uso que le dan: ponerla a justificar aquello que previamente eligieron creer.
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La razón, en lugar de examinar una convicción, pasa a trabajar para ella.
Hay una expresión argentina que resume esta disposición con una precisión involuntariamente filosófica: «Elijo creer». Se popularizó alrededor del fútbol, donde tiene una legitimidad indiscutible. El fútbol admite esas licencias. En buena medida, vive de ellas —y lo dice un hincha de Vélez—. El inconveniente comienza cuando el «elijo creer» abandona la tribuna y se instala en la discusión pública.
Elegir creer y llegar a una conclusión son operaciones que van en direcciones opuestas. La conclusión es el resultado, siempre provisional, de un razonamiento. La creencia elegida es el punto de partida al que se subordinan todos los razonamientos posteriores.
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No examino los hechos para saber qué pensar. Examino los hechos para encontrar la manera de seguir pensando lo mismo.
Y, si los hechos se resisten, peor para los hechos.
La psicología conoce bien esta tendencia: la llama sesgo de confirmación o razonamiento motivado. Pero alcanza con observar cualquier sobremesa argentina: la facilidad con la que una persona exige pruebas concluyentes para aceptar una afirmación de su adversario y considera suficiente una sospecha, un rumor o una consigna cuando la afirmación favorece a los suyos. La lógica la conocemos todos. Si usamos dos varas distintas es porque las conclusiones tienen costos distintos.
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Aceptar que la política económica aplicada durante décadas llevó al país al fracaso obliga a revisar años de adhesión. Reconocer que buena parte de la cúpula de un proyecto que gobernó durante años terminó condenada por la Justicia resulta, como mínimo, incómodo. Admitir que los adversarios acertaron en algo puede sentirse como una pequeña traición.
Es mucho más sencillo encontrar una explicación que nos permita conservar intacta nuestra pertenencia.
Para eso hace falta un pacto. El dirigente ofrece un relato en el que el fracaso siempre es culpa de otros y cada condena es una persecución; el militante acepta habitarlo sin hacer preguntas. Uno necesita del otro para que la ficción se sostenga. Y ese pacto solo funciona de una manera: exige, inexorablemente, la suspensión voluntaria de la racionalidad. Es su ejemplo más acabado y también el más peligroso, porque quien escribe el relato y quienes lo habitan terminan protegiéndose mutuamente de la realidad.
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La racionalidad tiene, entre otros inconvenientes, el de no garantizar conclusiones agradables. Por eso la suspensión voluntaria de la racionalidad ofrece una ventaja formidable: nos ahorra el trabajo de cambiar de opinión.
La tecnología nos facilitó la tarea. Las redes sociales nos permiten encontrar, en cuestión de segundos, cientos de personas dispuestas a confirmar cualquier disparate. Y la inteligencia artificial puede construir una argumentación impecable para defender una premisa equivocada. Ya ni siquiera necesitamos hacer el esfuerzo de justificar nuestras creencias: podemos tercerizarlo.
Esta práctica se separa de la que describió Coleridge en un punto decisivo. Nadie salía de una representación de Hamlet dispuesto a denunciar al rey de Dinamarca por el asesinato de su hermano. La ficción terminaba cuando terminaba la función. La suspensión de la racionalidad, en cambio, no tiene necesariamente una hora de finalización. Y sus consecuencias no quedan encerradas en una sala de teatro.
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Se acerca un año electoral. Habrá quienes anuncien catástrofes y quienes prometan paraísos. Y, como siempre, habrá explicaciones capaces de acomodar cualquier acontecimiento a una convicción previa.
Quizás sea una buena oportunidad para recuperar una costumbre menos confortable que la de elegir creer: la de aceptar que nuestras ideas también pueden estar equivocadas. Que las transformaciones merecen ser examinadas por sus resultados y no solamente por las simpatías que despiertan. Y que esa exigencia también alcanza a quienes acompañamos un rumbo porque consideramos sólidos y racionales sus fundamentos. Confiar en una transformación no implica renunciar a evaluar sus resultados, así como reconocer que un cambio profundo requiere tiempo no significa justificar indefinidamente sus dificultades. La realidad no cambia porque decidamos interpretarla de otra manera. Y todo cambio importante obliga a transitar un camino por momentos incómodo, en el que sostener el rumbo de la racionalidad exige un temple que tiene su costo.
Coleridge nos enseñó que, para disfrutar de una ficción, podemos suspender por un momento nuestra incredulidad. Dos siglos después, convendría recordar que la racionalidad merece un trato diferente.
Después de todo, en el cine podemos elegir creer. En las urnas, las consecuencias son reales.
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