La violencia contra niñas, niños y adolescentes muchas veces ocurre lejos de nuestra mirada. Otras veces, se esconde a plena luz del día, en los hogares, las escuelas, los clubes, espacios comunitarios, en el sistema de salud, detrás de una pantalla de celular o en las propias instituciones públicas. A veces deja marcas visibles; otras, permanece oculta, silenciosa o no llega a ser contada.
¿Cómo reconocer aquello que no se puede ver? ¿Cómo escuchar a quienes no encuentran las palabras, tienen miedo de hablar o que sienten que no hay nadie a quien recurrir?
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Los chicos y las chicas pueden callar por distintos motivos. Las amenazas, el miedo, culpa, vergüenza o impotencia. Más aún cuando quienes ejercen la violencia son personas de su entorno cercano. Cuando una madre o un padre, esas figuras que deberían ser quienes más los quieren, los maltratan, los humillan o los golpean, pedir ayuda, sin duda, se vuelve más difícil.
Otros, no identifican lo que están viviendo como una situación de violencia o temen no ser escuchados y mucho menos pueden pensar en ser cuidados. Por eso, no alcanza con esperar que hablen: necesitamos adultos capaces de reconocer las señales de sufrimiento y generar espacios de confianza en los que puedan expresar lo que les sucede. La escucha es una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos.
Familiares y referentes muchas veces no saben cómo acompañar. Y esa primera escucha es importante. No hace falta tener respuestas, hace falta habilitar la palabra con atención, compromiso y pedir ayuda.
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Y hay que seguir construyendo una sociedad y, especialmente, instituciones que garanticen el derecho a ser oído, que detecten las señales, y acompañen sin juzgar para que ningún niño o adolescente quede solo frente a aquello que no puede expresar o atravesar.
Por eso, prevenir exige fortalecer las redes familiares, comunitarias, educativas y sanitarias, formar a aquellos adultos que están cerca de los chicos. Generar dispositivos con perspectiva de niñez accesibles para orientación y acompañamiento que permitan articular tempranamente las respuestas del Estado .
La violencia puede tener consecuencias severas en el desarrollo y la salud mental de niñas, niños y adolescentes, tanto en el presente como a lo largo de sus vidas. La detección temprana y una intervención adecuada son fundamentales para proteger sus derechos y evitar que las situaciones se agraven o produzcan nuevas afectaciones.
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Una respuesta integral requiere que se involucre al Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Los gobiernos, en sus distintos niveles, la Justicia, las organizaciones de la sociedad civil, los sistemas de salud y educación, los clubes y las organizaciones comunitarias, entre otros, ya que todos cumplimos un papel fundamental en el Sistema de Protección Integral de Derechos de los Niños. Cada uno tiene responsabilidades específicas y las víctimas necesitan que trabajemos de manera coordinada.
Trabajar en red no significa solamente reunir a distintos actores, sino construir criterios compartidos, coordinar las intervenciones y asumir responsabilidades para que cada niña y niño encuentren una respuesta centrada en su persona y que restituya sus derechos.
La intervención institucional debe estar enfocada en la protección, con un servicio de justicia que busque minimizar las posibles revictimizaciones y generar condiciones para que puedan recuperar la confianza y desarrollar sus vidas en entornos seguros.
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Poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes requiere el compromiso y la empatía de toda la sociedad.
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