Hábitat: el desafío de construir la Argentina que queremos

En 1985, la ONU fijó el primer lunes de octubre como Día Mundial del Hábitat y, desde entonces, convoca a los Estados y a las comunidades a detenerse a reflexionar sobre esta cuestión, indisolublemente ligada a una pregunta tan precisa como desafiante: ¿qué podemos hacer para vivir mejor? El hábitat ofrece una primera respuesta: contar con un techo seguro, agua, cloacas y energía; tener escuelas cercanas y de calidad; acceder a la salud y a un sistema de transporte eficaz y accesible; vivir en un barrio donde el miedo no sea parte de lo cotidiano. En concreto, mejorar las condiciones de nuestras ciudades como un punto de partida vital.

Aunque el desafío es eminentemente global, la urgencia se concentra en los países periféricos. Los números resultan agobiantes: más de 1.100 millones de personas en el mundo viven en asentamientos informales y barrios precarios y unos 2.800 millones sufren alguna forma de carencia habitacional, mientras las ciudades crecen a un ritmo que excede la capacidad de planificación de los Estados. En paralelo, el suelo se encarece, el alquiler absorbe una porción cada vez mayor del ingreso y el cambio climático agrava el cuadro: las inundaciones y las olas de calor golpean primero allí donde la infraestructura es más precaria.

Pese a lo extendido del problema y la contundencia de los datos, persiste una tentación: creer que el hábitat es una cuestión de minorías excluidas, concentrada en los barrios populares. Aunque esos barrios son una prioridad ineludible, la escala es mucho mayor de lo que suele advertirse. En la Argentina, por caso, desde 1975 la brecha entre propietarios e inquilinos no deja de ensancharse. Hablamos de familias de trabajadores que alquilan y no logran ahorrar ni acceder a un crédito hipotecario, de jóvenes que no pueden independizarse, pero también de millones de argentinos de clases medias que tampoco pueden acercarse al sueño de la vivienda propia.

Aunque el abordaje y el tipo de soluciones a estos desafíos son asunto de debate en todo el mundo, en el caso argentino un dato nos juega a favor: el país no arranca de cero. Tenemos una tradición de inclusión y justicia espacial, inscripta en una estrategia de desarrollo. Los primeros gobiernos peronistas concibieron la vivienda, la infraestructura y la regulación estatal como herramientas para que las masas trabajadoras accedieran al suelo y a la casa propia. Lo hicieron con planificación y con un dispositivo que incluyó tanto la construcción directa como la realizada junto a los sindicatos. Además, otorgaron créditos accesibles a través del Banco Hipotecario Nacional, promovieron la ley de propiedad horizontal y mantuvieron el valor de los alquileres y la suspensión de los desalojos. La mirada de la época sintetizó dos aspectos primordiales y logró constituirse en una referencia en la región: la vivienda es un derecho y las soluciones requieren una conjunción de instrumentos múltiples y articulados.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner retomaron esa línea histórica con un programa de atención al déficit habitacional que superó el millón de intervenciones entre viviendas nuevas y mejoramientos. A ello se sumó el programa Procrear, lanzado en 2012, que otorgó cerca de 200.000 soluciones habitacionales hasta 2015 mediante créditos para construir, ampliar y mejorar la vivienda.

Recuperar esa tradición es una necesidad ineludible en el contexto actual. Hablamos de “recuperar” porque la Argentina había construido un consenso transversal sobre la integración social y urbana. Ese consenso dio la ley de integración socio-urbana de los barrios populares, sancionada en 2018, y un fondo para financiarla, nutrido luego con distintas fuentes, entre ellas un porcentaje del aporte de las grandes fortunas. Ese consenso se quebró con Javier Milei.

A la ruptura se suma un discurso. En el mundo libertario, “la justicia social es un robo” y la integración socio-urbana es, en el mejor de los casos, una “dádiva para los pobres urbanos”. Se busca así enfrentar a los más excluidos con los sectores trabajadores, como si ayudar a unos se hiciera a costa de los otros. Ese enfoque terraplanista no solo es inmoral: es además un disparate en un escenario internacional donde nadie duda de que, sin política de hábitat, no es posible construir una sociedad integrada.

En la provincia de Buenos Aires elegimos otro camino. A través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), impulsamos una política integral de hábitat, con un plan estratégico que contempla un enfoque interescalar, interinstitucional e interdisciplinario. Interescalar, porque actúa a la vez sobre la casa, el barrio, el municipio y la región. Interinstitucional, porque articula a la provincia, los municipios y la comunidad organizada. Interdisciplinario, porque integra lo urbano, lo social y lo productivo.

La intervención del OPISU es paradigmática por su escala y su alcance: 472 obras en 309 barrios de 82 municipios, con una inversión total que supera los 565 mil millones de pesos y más de medio millón de personas beneficiadas. Aunque Milei se empeñe en negar la realidad, la obra pública, además de impulsar la economía, crea empleo. Nuestra política de hábitat generó miles de puestos de trabajo mediante convenios con 264 cooperativas y organizaciones sociales, y además impulsó 130 proyectos de integración productiva y apoyó 144 proyectos sociocomunitarios.

Como vemos, nuestro enfoque permitió avanzar de manera muy significativa en la transformación de los barrios. ¿Alcanza? No. La deuda en políticas de hábitat, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, es estructural. Eso nos obliga a repensar el modelo de abordaje, de modo que reconozca las dificultades y esté a la altura de los desafíos que enfrenta la Argentina. Hay que animarse a pensar soluciones para este tiempo, con diagnósticos claros y certeza sobre el problema y el déficit que enfrentamos. Pero eso no significa adoptar cualquier solución de moda o importada de otro país, ni renunciar a nuestra historia, a nuestra identidad y al anhelo de la vivienda propia. En ese orden, una nueva política de integración social y urbana deberá contemplar cinco ejes fundamentales:

Ampliar el sujeto y repensar los instrumentos: la política de hábitat debe alcanzar a las grandes mayorías de nuestro país (barrios populares, inquilinos y sectores medios) con instrumentos ajustados a cada necesidad. Para ello hace falta un nuevo marco regulatorio e institucional: ajustar la normativa y también los dispositivos institucionales existentes. Existen, además, temas que deben abordarse de manera prioritaria y a escala: el déficit en la calidad de la vivienda, la cantidad de viviendas vacías y la prioridad en el acceso al agua y a las cloacas.

Una mirada panorámica: el hábitat no se agota en la vivienda; se vincula con el derecho a la ciudad y abarca el suelo, los servicios, la movilidad, el trabajo y el cuidado. Una casa sin transporte ni empleo cerca no resuelve la vida de una familia. El enfoque debe ser participativo e integral, porque las respuestas parciales no resuelven problemas multidimensionales.

Estado y comunidad: el Estado tiene responsabilidades indelegables (planificar, regular, disponer recursos, multiplicar capacidades), pero no es un agente omnisciente ni infalible. Sin una articulación virtuosa con otros actores (empresas, cooperativas, organizaciones sociales, gobiernos locales) y una gobernanza acorde, no es posible construir un modelo de gestión exitoso.

Acuerdos con instrumentos: alcanzar consensos es indispensable, pero si no van acompañados de financiamiento, pierden sentido. Hay que fijar prioridades, asegurar fondos estables y medir impactos. Las cosas tienen que suceder: la confianza, un aspecto básico de las políticas públicas en general y de las de impacto territorial en particular, se construye con resultados concretos.

Un modelo de desarrollo: por su magnitud y multidimensionalidad, los desafíos del hábitat no tienen respuesta sin un modelo de desarrollo que fortalezca las capacidades estatales y, también, cada una de las dimensiones requeridas para construir otra trama urbana (infraestructura, transporte, servicios sociales, entre otras).

La Argentina conserva un consenso de fondo: casi todos coincidimos en la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda. Sobre esa base, debemos construir un proyecto colectivo donde una casa, un barrio y una comunidad que nos contenga no sean un privilegio, sino un derecho. Construir ciudades más igualitarias bien vale el intento.