La clase obrera va al paraíso

En la Argentina hay una idea que se volvió parte del sentido común: hay gente que, por definición, tiene razón. La víctima, el obrero, el que reclama alguna injusticia.

Es una reacción lógica frente a una historia real de abusos. Durante años, no escucharlos fue parte del problema.

Pero corregir esa injusticia derivó en otra: dejar de mirar los hechos.

Hoy, muchas veces, no importa qué se dice, sino quién lo dice. Y eso convierte la verdad en un trámite automático.

Se han visto denuncias falsas que terminaron con personas presas. No porque hubiera pruebas sólidas, sino porque nadie se animó a dudar. Dudar, en estos casos, se volvió casi inmoral. La corrección política.

Lo mismo ocurre con ciertos reclamos sociales y sindicales. Se validan sin preguntarse si son posibles, razonables o legales. Se asume que, por venir de quien viene, son justos.

Ese reflejo tiene consecuencias. Y no son abstractas.

El caso de la industria del neumático —y en particular el de FATE— es un buen ejemplo de cómo esta lógica, llevada al extremo, termina destruyendo aquello que dice defender.

Una empresa con más de 80 años, una planta considerada modelo. Y una industria —la del neumático— que llegó a emplear a 4.500 personas en total. Hoy, en ese conjunto, quedan menos de 800.

El contexto era adverso: neumáticos chinos entrando a precios imposibles de igualar y un esquema impositivo que castigaba la producción local. A eso se sumaban problemas estructurales derivados de políticas estatales: dificultades para exportar, trabas para importar materias primas, repuestos y maquinaria, inestabilidad impositiva y un sistema aduanero atravesado por la arbitrariedad, especialmente a través de las SIRA.

Frente a ese escenario, cabía esperar una estrategia para sostener la actividad, defender el empleo y negociar dentro de los límites de la realidad.

Ocurrió lo contrario.

Entre 2022 y 2025 hubo 156 días de huelga. No es solo producción perdida. Cada paro implica apagar y volver a encender maquinaria compleja, con costos enormes en tiempo y dinero. Es decir, no se detiene una fábrica: se la desgasta.

A eso se sumaron reclamos que no solo excedían la ley, sino el sentido común: cobrar fines de semana con recargos del 200% aún con francos compensatorios, reducir la jornada a seis horas manteniendo el salario de ocho, declarar insalubre una planta modelo, cobrar sin trabajar en el caso de los delegados, percibir el 100% del salario en suspensiones por falta de actividad, como si fueran vacaciones.

Mientras tanto, se registraban niveles de productividad por debajo de estándares internacionales y un ausentismo que llegó al 17%.

Durante uno de esos conflictos, además, la falta de provisión de neumáticos paralizó durante cinco meses la exportación de automóviles, generando un costo enorme para el país. Es decir, el impacto dejó de ser sectorial para convertirse en un problema macroeconómico.

Pero el dato más elocuente es otro: nunca hubo una estrategia sindical consistente para enfrentar el problema central, que era la competencia externa y las condiciones estructurales que afectaban a la industria. Se presionó hacia adentro mientras el problema venía de afuera.

El resultado es conocido.

La empresa pierde competitividad.

La producción cae.

Y el empleo se desploma en toda la industria: de 4.500 trabajadores, a menos de 800.

Y, sin embargo, el reflejo sigue siendo el mismo: suponer que el reclamo era justo porque lo hacía quien lo hacía.

Hay algo más profundo en juego.

En un país donde la justicia no funciona bien, la sociedad reemplazó el análisis por la empatía automática. La víctima no solo merece ser escuchada: pasa a tener razón.

Pero la víctima no es un juez.

El obrero no es un economista.

Y el dolor no garantiza la verdad.

Cuando dejamos de verificar y empezamos a creer por reflejo, lo que se rompe no es solo una empresa.

Se rompe algo más básico: la idea de que la verdad importa.