Jorge Castillo pasó casi un año preso sin ser condenado. Hace unos días, la Cámara le dictó la falta de mérito porque no había elementos suficientes ni siquiera para sostener una imputación seria. Un año entero sin sentencia, sin condena y sin pruebas.
Cuando salió, dijo a los medios: “En la Argentina no hay ley. Soy culpable y tengo que demostrar que soy inocente”. Lo dijo con las palabras de alguien que no estudió derecho, pero con la precisión que le costaría a cualquier académico. De esta manera, podríamos decir que la presunción de inocencia no es más un privilegio que un derecho. Casi la mitad de la población carcelaria en prisión preventiva podría dar cátedra al respecto.
El artículo 18 de la Constitución Nacional es contundente: nadie puede ser penado sin juicio previo y la prisión preventiva existe para garantizar el proceso. Pero en la práctica, la prisión preventiva es una herramienta que se usa para presionar, negociar, debilitar y disciplinar. Ojo, no a todos, sino a los que no tienen acceso a los resortes del poder. A esos que viven en las periferias de una economía que el Estado no supo formalizar. A los que se hicieron de abajo y un día descubrieron que eso los convierte en sospechosos.
La economía informal en Argentina no es una patología, es una respuesta racional a décadas de inconsistencia institucional. Millones de personas trabajan, producen, generan empleo y pagan (de alguna manera) sus contribuciones a una sociedad que les cerró las puertas de la formalidad. La Salada no existe a pesar del Estado, sino que existe por el Estado que tenemos.
Criminalizar esa economía sin preguntarse por qué existe es hipócrita. Porque el mismo sistema que no pudo ofrecer empleo registrado, crédito accesible ni seguridad jurídica a esos sectores, los termina persiguiendo cuando encuentran sus propias formas de supervivencia.
El problema no es que haya gente que opera por fuera de las reglas, sino que las reglas fueron diseñadas para que algunos nunca puedan operar dentro de ellas.
Castillo tiene un punto en esto: el sistema invirtió la carga de la prueba. No porque los jueces sean necesariamente corruptos, sino porque la arquitectura del proceso penal, cuando se aplica a ciertos actores, funciona como una máquina de presumir culpabilidad. El peso de la detención, la extensión de la espera, el desgaste económico y psicológico del proceso: todo eso ya es una condena en sí misma.
Un Estado liberal (en el sentido más genuino del término) protege a las personas de su propio poder punitivo poniéndole límites al Estado, no al ciudadano, garantizando así que nadie pueda ser destruido por el solo hecho de ser investigado. Ese Estado, en Argentina, no es del todo una realidad.
No defiendo actividades ilegales, sino algo más básico: el derecho de cualquier persona (con o sin escritorio en Puerto Madero) a que el Estado demuestre su culpabilidad antes de destruirle la vida.