El nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa este gobierno viene a poner fin a un desorden que se arrastra desde hace décadas.
Ya el Código Penal en su redacción original de 1921 establecía la edad de punibilidad en 14 años. Sin embargo, más de un siglo después, seguimos discutiendo lo mismo. Y no solo eso: desde 1983 hasta hoy se presentaron casi cien proyectos sobre la materia y ninguno prosperó.
Fueron años de parálisis política que dejaron intacto un sistema incapaz de dar respuestas. Por eso, la iniciativa que impulsa el presidente Javier Milei avanza donde otros retrocedieron: reduce la discrecionalidad, fija reglas claras y devuelve previsibilidad.
Porque un sistema sin consecuencias no protege a nadie. Se trata de defender la responsabilidad individual y el derecho de los ciudadanos a vivir seguros. El sistema vigente niega ambas cosas: les quita justicia a las víctimas y les niega a los menores un marco legal que los responsabilice, los juzgue y los obligue a enfrentar las consecuencias de sus actos.
Lejos de reinsertarlos, los empuja a la reincidencia y a la escalada del delito. Bajar la edad de imputabilidad es terminar con la ficción de que mirar para otro lado es una política pública.
Frente a delitos graves, el Estado debe actuar con firmeza, con reglas claras y con un régimen penal juvenil diferenciado que combine sanción y reinserción, pero que no tolere la impunidad.
En este punto, la Ciudad de Buenos Aires no puede quedarse atrás. La Ciudad debe adecuar su marco normativo para aplicar el nuevo régimen penal juvenil y acompañar esta reforma que apunta a ordenar el sistema. Para eso, es necesario actualizar los procedimientos y dejar de sostener normas pensadas para otro contexto, que hoy ya no funcionan.
También es imprescindible revisar la edad de imputabilidad en materia contravencional y de faltas, caso por caso, con intervención temprana, sanciones claras y mecanismos efectivos que permitan cortar la carrera delictiva antes de que se consolide.
Porque ordenar el sistema es actuar antes, no después. La discusión nacional ya avanzó. El Congreso empezó a saldar una deuda histórica y a poner reglas donde durante años hubo vacío. Ahora es responsabilidad de la Ciudad acompañar esa decisión y traducirla en orden, previsibilidad y seguridad para los porteños.