La Cancillería del gobierno de Alberto Fernández-Cristina Kirchner volvió a respaldar al gobierno dictatorial de Venezuela. La presencia del representante argentino en la jura de las autoridades legislativas de Venezuela así lo confirma.
Los nuevos parlamentarios surgieron del proceso electoral fraudulento y viciado sustanciado el pasado 6 de diciembre, un simulacro de comicios que pretendió ocultar la verdadera e innegable cara de la dictadura de Nicolás Maduro.
La actitud de la Argentina contrasta con la de los gobiernos de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Tampoco los Estados Unidos, Canadá ni ningún miembro de la Unión Europea enviaron representantes.
El delegado argentino compartió el acto junto a representantes de países como Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia, Trinidad y Tobago, Egipto, Vietnam, Rusia, India, Bielorrusia, Dominica, Barbados, Guinea Ecuatorial, México, Palestina, Argelia, Qatar y hasta de Abjasia, este último un estado con escaso reconocimiento internacional surgido de la guerra de Georgia de 2008.
El gobierno colombiano, en tanto, emitió un comunicado respaldando la Asamblea Nacional de Juan Guaidó: “Colombia no reconoce legitimidad ni legalidad a los comicios fraudulentos del 6 de diciembre de 2020, en consideración a la manera antidemocrática e irregular con la que se adelantaron los mismos. Por lo tanto, tampoco reconoce a quienes resultaron ilegítimamente favorecidos para integrar un cuerpo colegiado conformado sin las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia”. En un sentido similar se expresó un vocero del premier del Japón.
Como fruto de un sistema electoral amañado, 256 de los 277 diputados de la nueva Asamblea Nacional venezolana responden al Palacio de Miraflores. En tanto, el Parlamento elegido en 2015 responde a la oposición y mantiene al frente al presidente designado Juan Guaidó.
Las grotescas violaciones a la libertad de elegir y ser elegido perpetradas por la dictadura de Maduro en los falsificados comicios del pasado 6 de diciembre provocaron una altísima abstención que superó según estimaciones el ochenta por ciento del padrón electoral. A su vez, despertaron una amplia condena por parte de buena parte de la comunidad internacional mientras que las autoridades argentinas habían brindado su aval a través del silencio.
En los hechos, el gobierno argentino ha vuelto a confirmar su actitud de respaldo a la dictadura castro-chavista de Nicolás Maduro. Tal postura implica un desconocimiento y una negación de las gravísimas violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en ese país, consignadas por caso en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet.
Pero si bien la existencia de torturas, asesinatos y presos políticos fue advertida en dicho documento, tal circunstancia fue minimizada recientemente por el embajador de la Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En el día de la fecha la diplomacia de Fernández-Kirchner-Solá ha reiterado su política de adhesión a las autoridades ilegítimas del régimen de Maduro.
Ante la violación de derechos humanos en un país de nuestra región no caben matices y su desconocimiento coloca a quienes lo facilitan del lado de los cómplices de la tiranía y convierten en imperativa la necesidad de su denuncia.
*Mariano A. Caucino es especialista en relaciones internacionales. Sirvió como embajador argentino en Israel y Costa Rica.
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